Un exalcalde se reconoce intruso en el ERE de la Faja Pirítica
Aunque nunca trabajó en la mina firmó la póliza tras reunirse con el consejero Fernández
El exalcalde pedáneo de la Barca de la Florida (perteneciente a Jerez de la Frontera) Roque Valenzuela (PSOE) ha reconocido que nunca trabajó en la Faja Pirítica de Huelva sino en Delphi, pese a cobrar una póliza de prejubilación por el ERE minero.
Valenzuela declaró ayer como investigado ante la juez que instruye el caso ERE, María Núñez, en el marco de la pieza separada sobre presuntas irregularidades en el ERE de 2003 en la Faja Pirítica de Huelva, cofinanciado por el Gobierno central y la Junta de Andalucía con 40 millones de euros.
Según informaron a Efe abogados presentes en la declaración, el exregidor ha reconocido que nunca trabajó en la minería onubense y que se ha enterado a raíz de la investigación judicial de que el tomador de la póliza por la que él cobraba su renta de prejubilación era la Asociación de trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva, ya que siempre creyó que se prejubilaba en su verdadera empresa, Delphi.
Roque Valenzuela ha reconocido que habló con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández sobre este tema en reuniones celebradas en la sede de la consejería si bien firmó la póliza en las oficinas de Jerez del responsable de la aseguradora Uniter José González Matas.
En esta pieza son investigados responsables de las aseguradoras y bufetes como Estudios Jurídicos Villasís que intervinieron en la tramitación del ERE, de los sindicatos que lo negociaron –entre ellos los exsecretarios generales de UGT y CCOO Manuel Pastrana y Francisco Carbonero– y dos ex altos cargos del Ministerio de Trabajo en la época del Gobierno de José María Aznar al ser un ERE cofinanciado. La juez Núñez excluyó a seis ex altos cargos de la Junta por ser ya enjuiciados en la pieza política del caso ERE: los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; al exviceconsejero Agustín Barberá, y a los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera (éste último también fue excluido de la pieza política).
La Fiscalía ha recurrido esa exclusión por considerar que no concurre el principio esgrimido por las defensas de que una persona no pueda ser juzgada dos veces por los mismos hechos ya que en la pieza política se enjuicia el «procedimiento específico» por el que se otorgaban las ayudas para los ERE pero no la concesión o pago de ayudas concretas.
«Víctima de la Junta»
Por otra parte, el empresario Rafael Rodríguez Fuentes, investigado por dos ayudas de la Junta de 96.400 euros en total a su empresa Muebles Don Formón, declaró también ayer ante la juez Núñez dentro de la investigación de la pieza sobre las sobrecomisiones a asegurados y mediadores de los ERE. El empresario dijo ser una «víctima» y no saber «cómo la Junta» le ha «metido en esto».
Según informaron fuentes del caso, Rodríguez Fuentes reconoció haber recibido dos ayudas a través del bufete Estudios Jurídicos Villasís, uno de los despachos investigados por el cobro de sobrecomisiones por trabajos de mediación en los ERE subvencionados.
No es la primera vez que este empresario arremete contra la Junta pues ya en 2011 culpó a la administración andaluza de haberle incluido como beneficiario de una póliza de prejubulición en el ERE de la compañía automovilista Saldauto, empresa para la que nunca trabajó, cuando él creía que cobraba su renta como prejubilado de la empresa Promi, también de muebles, a la que perteneció durante 30 años aunque fue despedido dos años antes del ERE de la misma.