Marlaska no se opone a «evaluar» el acercamiento de presos del 1-O
El juez Llarena recuerda que el traslado a otra cárcel depende de Interior
El nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, considera que el traslado de presos del 1-O a cárceles de Cataluña se «podría y debería evaluar si el juez competente en la causa manifestara que no existe ningún inconveniente». Horas después de esta declaración, de la que se interpreta que por primera vez desde el golpe separatista el Gobierno estaría dispuesto a contemplar esta opción, la respuesta de Llarena llegaba en forma de auto: el instructor no tiene nada que valorar sobre una cuestión que corresponde en exclusiva a Instituciones Penitenciarias.
Todo comenzó a primera hora de la mañana a partir de una respuesta ambigua del ministro, de la que se deducía que estaba atribuyendo al juez Llarena la potestad de acercar o no a prisiones de Cataluña a los políticos procesados del 1-O.
Grande-Marlaska, hasta hace unas semanas presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, explicó de forma confusa en una entrevista en Onda Cero que ese traslado «se podría y se debería evaluar» siempre que «el instructor de la causa (...) manifestara que no existe ningún inconveniente». Según fuentes de Interior se refería a que Prisiones siempre comunica al juez el traslado de los presos de su competencia, porque sobre todo en el caso de los preventivos el instructor puede tener prevista alguna diligencia que desaconseje esa medida.
Cuando cumplen condena, dijo el ministro,«ya es competencia de Interior», de Instituciones Penitenciarias, determinar el centro donde el penado debe permanecer. De nuevo la frase daba lugar a una confusión.
Al mediodía, en pleno debate sobre esta cuestión, se notificaban varias resoluciones de Llarena, entre ellas una relativa a esta cuestión, con motivo de la negativa a una nueva petición de libertad solicitada por la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva.
En ese auto el juez rechaza la excarcelación de los dirigentes independentistas al considerar que persiste el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva. Y señala que no es competencia del instructor «el concreto centro penitenciario en el que deben quedar confinados». Para ello, se apoya en la legislación penitenciaria y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Constitucional.
Llarena recuerda así que el artículo 79 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) dispone que corresponde a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior la «dirección, organización e inspección de las instituciones», salvo las que se encuentren en las comunidades autónomas que hayan asumido en sus respectivos estatutos la ejecución de la legislación penitenciaria y la gestión de la actividad penitenciaria, como es el caso de Cataluña.
Añade que el apartado 1 del artículo 31 del Reglamento Penitenciario deja claro que, conforme a lo establecido en dicho artículo de la LOGP, el «centro directivo tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios» sin perjuicio de las atribuciones de los jueces de Vigilancia «en materia de clasificación por vía de recurso».
En los siguientes apartados se explica que este centro directivo ordenará los traslados correspondientes en base a las propuestas formuladas por las Juntas de Tratamiento o, en su caso, por el Director o el Consejo de Dirección, así como los desplazamientos de los detenidos y presos que sean requeridos por otras autoridades. Esos traslados serán notificados al juez de Vigilancia, en el caso de penados, y «a las autoridades a cuya disposición se encuentren» si se trata de detenidos.
Tras la polémica surgida, el Ministerio del Interior reconocía que las declaraciones del ministro eran confusas y aclaraba a Efe que no tiene previsto trasladar a los procesados del 1-O.
El exjuez, hoy ministro del Interior, dejó la puerta abierta a estudiar el traslado a Cataluña de los procesados por el 1-O si Llarena lo pedía Cuando horas después el juez del TS afirma que la competencia de los presos es de Interior, el Ministerio recula: ya no se plantea el traslado