LA «PERSECUCIÓN», CONTADA AL REVÉS

El Gobierno denuncia una «cacería» y se ampara en el silencio, mecanismo de defensa quizá legítimo, pero que no puede imponer a la prensa

UN día después de que la vicepresidenta del Gobierno amenazara a los medios de comunicación con una legislación restrictiva de la libertad de expresión para evitar presuntos daños a la democracia, fue la ministra portavoz la que a través de la lectura de un manifiesto victimista trató ayer de presentar al Ejecutivo como objetivo –dijo– de una «cacería», de una «brutal campaña de acoso» y de una «persecución», un «bochorno democrático» del que Isabel Celaá intentó dejar al margen los escándalos, aún sin aclarar, protagonizados por los actuales ministros de su Gabinete y por el propio presidente del Gobierno, quien quiso dar carpetazo al plagio de su tesis con presiones a los medios que, como ABC, revelaron y documentaron sus trampas doctorales. El camino era ese: la ley del silencio.

Con dos ministros dimitidos en apenas tres meses, una titular de Justicia que ha cancelado su agenda hasta el próximo 10 de octubre y un ministro de Ciencia que se limita a descargar cualquier irregularidad fiscal en sus asesores, el Gobierno insistió ayer en presentarse como guardián de las esencias de la ética y la transparencia. En la práctica, sin embargo, permanece callado y esconde sus trapos sucios, un mecanismo de defensa quizá legítimo, pero que no puede imponer a la prensa, obligada a servir a la sociedad con un relato veraz de los hechos. Como hizo Pedro Sánchez en Nueva York, la portavoz de su Ejecutivo recurrió ayer al anglicismo de las fake news para suavizar y dar carácter global a una denuncia cuya inconcreción y falsa inocencia no logra esconder, sin embargo, su campaña de descrédito contra los medios que informan sobre la doble moral del Gobierno socialista. La única persecución es la que sufre la prensa, y es ahí donde verdaderamente se resiente la democracia.

A las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, instructor de la causa de José Manuel Villarejo, la Policía se personó ayer en la sede del soporte digital que desde hace días y de forma secuencial filtra las conversaciones en las que la ministra de Justicia celebra la existencia de una red de prostitución y espionaje, insulta a Marlaska o acusa a otros magistrados de tener relaciones con menores. Es a los tribunales de Justicia a los que debe estar sometida la prensa, no a los políticos, y el juez Egea tendrá motivos suficientes para incautarse de las grabaciones realizadas por Villarejo, chantajista acreditado, con el fin de extorsionar a quienes van a juzgarlo por sus actividades mafiosas. Nada hay más sano para un sistema democrático que la división de poderes, pero tampoco hay nada más lesivo que las amenazas y recomendaciones a la prensa de un Gobierno que trata de imponer el silencio informativo mientras la Justicia requisa materiales de procedencia cuando menos dudosa y que, de paso, comprometen a una ministra y amedrentan al poder judicial.