La Junta cada vez gasta menos en niños con necesidades educativas
La Cámara de Cuentas revela que el dinero público por alumno ha caído un 18 por ciento entre 2012 y 2016, y es «insuficiente» para atender a los 100.027 niños con dificultades
En Andalucía hay más niños con necesidades educativas especiales que hace cuatro años —exactamente, 18.684 más—, y menos dinero público para atender a cada uno de ellos. En un informe que fiscaliza el programa presupuestario de educación especial entre los ejercicios 2012 y 2016, la Cámara de Cuentas de Andalucía revela que la Junta se queda muy corta a la hora de asignar recursos a los alumnos que tienen alguna dificultad específica del aprendizaje, que padecen Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que se han incorporado tarde al sistema educativo, que requieren un apoyo específico por sufrir trastornos graves de conducta o discapacidad, e incluso a los niños con altas capacidades intelectuales.
El equipo fiscalizador concluye que el gasto medio por alumno con necesidades educativas ha caído un 18,15 por ciento en el período analizado. «Aunque el gasto presupuestario ejecutado ha aumentado un 14,56 por ciento (alcanzando los 351,58 millones de euros en 2016), no ha sido suficiente para compensar el incremento del 39,36% del número de alumnos».
El informe, colgado ayer en la web de la Cámara de Cuentas, pone de manifiesto que la Junta gastaba por cada alumno 4.576,74 euros en 2012 y cuatro años después esta dotación baja a los 3.745,97 euros. El estudio —hay que remarcarlo— maneja datos facilitados por la propia Consejería de Educación. La conclusión a la que llegan los auditores es que «sería necesario mayores dotaciones presupuestarias para mantener la prestación del servicio en similares condiciones» a las que se prestaban años antes.
La falta de fondos públicos se suple
con el dinero que aportan las asociaciones de padres en forma de ayudas monetarias, apoyo educativo, atención a la familia e incluso asesoramiento jurídico.
Un problema creciente
Las familias son el colchón que ha amortiguado los recortes que durante la crisis ha sufrido el programa de la Junta de Andalucía destinado a contratar especialistas para atender a estos niños y financiar equipamiento adecuado, becas y otros materiales. Estos niños son escolarizados en centros ordinarios de forma preferente o estudian en aulas específicas de educación especial cuando sus necesidades no pueden verse satisfechas.
Se trata de un problema creciente que está desbordando a la Administración y a los centros. El número de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo ha crecido un 23% entre 2012 y 2016, pasando de 81.343 a 100.027. Hay 19.000 niños más con dificultades, mientras que el número de centros ha aumentado sólo en 16, todos ellos públicos. Se ha pasado de 2.928 a 2.944, mientras que en la enseñanza concertada hay 415 centros, una cifra que no ha variado.
En cuanto al número de monitores de educación especial, «se han incrementado en menor proporción que el número de alumnos que necesita este recurso». En cambio, han aumentado las becas y su cuantía.
Como aspecto positivo, el informe destaca que durante los citados cuatro años se gastaron el cien por cien de los 1.635 millones previstos.
Poca transparencia
La Cámara de Cuentas se queja de que no ha podido extraer conclusiones sobre la progresión académica de estos alumnos porque sólo ha aportado los datos parciales sobre titulados en la ESO. El número de alumnos en este nivel de enseñanza ha aumentado un 70% de los matriculados en 4º de ESO. Los datos no terminan de cuadrar. El informe «pone de manifiesto la importante disminución del alumnado con necesidades educativas especiales y con dificultades de aprendizaje durante la ESO» si se compara con los alumnos que se titulan en dicha etapa educativa. Atribuye estas diferencias a las repeticiones de curso, el traslado de alumnos a la Formación Profesional Básica, la pérdida de la condición de alumnos con necesidad especial o al abandono escolar, «si bien la Consejería no ha suministrado información sobre este último criterio».
Los auditores lamentan que la Junta tenga «aún sin evaluar» su «Plan de Actuación para la Mejora de la Atención Educativa» al alumnado escolarizado en centros específicos de educación especial vigente entre 2012 y 2015 y que carezca de una estrategia definida.