El PP impulsa penas de cárcel para quien haga referéndums
El presidente del PP, Pablo Casado, ha cumplido su promesa y ayer su grupo parlamentario registró en el Congreso la proposición de ley para castigar la convocatoria de un referéndum ilegal dentro del Código Penal. Los populares proponen que los funcionarios públicos o las autoridades que organicen una consulta popular o incluso unas elecciones sin tener las competencias para hacerlo, se enfrenten a penas de prisión de entre tres y cinco años, junto con una inhabilitación absoluta de hasta diez años.
Pero los máximos responsables de las consultas ilegales no serían los únicos que acabarían en la cárcel si esta proposición de ley llegara a aprobarse en el Pleno. Los populares proponen, además, entre uno y tres años de cárcel para todos los funcionarios que colaboren o promuevan la convocatoria, así como un mínimo de seis meses a un año de prisión para aquellas personas que actúen de interventores en las mesas de votación.
El grupo mayoritario pone así en marcha la tramitación de un texto que será calificado probablemente dentro de dos semanas por la Mesa del Congreso y luego será remitido al Gobierno para que en el plazo de 30 días otorgue su conformidad con la tramitación. El Ejecutivo socialista solo podrá oponerse por razones presupuestarias que, en este caso, no conlleva la reforma por lo que La Moncloa dará previsiblemente su «ok» y la proposición quedará lista para ser elevada al Pleno, cuando los populares lo consideren oportuno.