Las regiones podrán vetar a Uber y Cabify en sus ciudades en 2022
▶ Los consistorios tendrán la opción de fijar los horarios y las tarifas de las VTC
El Gobierno aprobó ayer, en Consejo de Ministros, un real decreto-ley que habilita a comunidades y ayuntamientos para regular el sector de las licencias de vehículos de turismo con conductor (VTC), con las que operan Uber y Cabify. Eso sí, el Ejecutivo recoge en la norma una moratoria de cuatro años para que esta cesión de las competencias se haga efectiva.
Hay que tener en cuenta que la patronal del sector, Unauto, había advertido al Gobierno de que tendría una avalancha de demandas si transfería las competencias de las VTC a las administraciones territoriales. Y es que estaba previsto que muchos ayuntamientos impusieran ya la necesidad de contar con una segunda licencia para operar dentro de las ciudades, lo que habría supuesto una pérdida de derechos para los propietarios de VTC. Al implantar una moratoria, el Gobierno compensa con tiempo, en lugar de dinero, al sector.
Tras este «periodo transitorio» de cuatro años, las VTC quedarán inhabilitadas para prestar servicio dentro de las ciudades y tendrán que adaptarse a la normativa que impulsen regiones y ayuntamientos... si finalmente estas la aplican. Si bien determinados territorios se han mostrado contrarios a la proporción de una VTC por cada 30 taxis que fija actualmente la ley, no se descarta que directamente estas administraciones decidan no imponer ninguna otra ratio. En resumen, esto impediría que prácticamente todos los coches de Uber y de Cabify operen dentro de las ciudades.
También hay cambios normativos que se podrán aplicar en cuanto quede articulada la norma, que pasará por el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de un mes. Si bien no podrán impulsar de forma inmediata una segunda licencia, las comunidades y los ayuntamientos tendrán la opción de imponer normas de circulación a las VTC, como ya hace con el taxi. Según Fomento, tendrán facultad para imponer tarifas, horarios y sistemas de precontratación cuando circulen dentro de su territorio. Según ha podido saber ABC, Madrid estudia imponer horarios a las VTC. Está previsto que Barcelona vaya en esta línea, teniendo en cuenta las restricciones que ha intentado imponer a Uber y Cabify.
Fuentes del Ministerio de Fomento explicaron ayer, en un encuentro con los medios de comunicación, que el real decreto-ley «es constitucional y jurídicamente no tiene ningún resquicio». Sobre las posibles represalias que adopte el taxi tras la aprobación del reglamento, fuentes del departamento dirigido por José Luis Ábalos apuntaron que no tienen «constancia» de que el gremio esté organizando una nueva manifestación. Hay que tener en cuenta que el sector esperaba que las comunidades asumieran ya las competencias del sector. De hecho, ayer, tras filtrarse el contenido del nuevo decreto, distintas asociaciones impulsaron movilizaciones en Barcelona, donde se encontraba Ábalos.
Además del decreto-ley aprobado ayer, el Gobierno tiene previsto anunciar un anteproyecto de ley que contemplará nuevas sanciones para estos vehículos. No es descartable que esta medida establezca la posibilidad de revocar licencias si existen sanciones reiteradas. También está previsto que se ponga en funcionamiento un grupo de trabajo con las comunidades para establecer «buenas prácticas» dentro del sector.
Las reacciones a la medida del Ejecutivo socialista no se han hecho esperar. Ayer, Unauto emitió un comunicado en el que acusó al Gobierno de ceder «al chantaje del taxi» y poner en riesgo «15.000 empleos estables en España».