El golpe anda suelto
Cuando las elites dirigentes y burguesas, tanto conservadoras como progresistas, sacaron a la calle el proceso independentista perdieron el control a sabiendas. La externalización fue un hecho simultáneo a la aprobación de las leyes de ruptura con la legalidad vigente. Lo hicieron en paralelo porque el camino de lo que llaman política se agotaba con toda seguridad. Un batallón de abogados del Estado se ocupó de cerrar el perímetro al puesto de mando, dejando dentro a los actores principales, que esperan en prisión el juicio del Tribunal Supremo. Pero la calle es otra cosa bien distinta. Y además, cómo le dices a quien has sacado a la calle para conseguir la independencia de un plumazo que se meta en casa de repente.
Se vio con nitidez, mañana se cumple un año, cuando los participantes en las algaradas, manifestaciones o cadenas humanas contribuyeron a la burla del referéndum, ocultando hasta en domicilios particulares los contenedores que harían las veces de urnas. Una parte de la sociedad estaba más que implicada en la operación. El hecho fue menospreciado o mal valorado por quienes entonces tenían que tomar las decisiones para impedir un acto ilegal. El jefe del espionaje, el general Sanz Roldán, ha reconocido esta misma semana que el CNI falló. Cuando amaneció el 2 de octubre, el servicio de inteligencia tenía cara de derrota.
No bastaba con parar el golpe de las elites cortándoles el suministro eléctrico o desenchufando los ordenadores. A pesar de la experiencia de noviembre de 2014, se quedaron pasmados viendo brotar aquellas cajas color gris papelera en todos los colegios de Cataluña. El brazo callejero había hecho su parte con la inestimable colaboración de una Policía autonómica que era parte implicada, como ha quedado más que demostrado. Un año después, los antidisturbios que desenvainan las porras son autonómicos. Y lo hicieron en defensa de los policías nacionales y guardias civiles que se atrevieron manifestarse con el riesgo más que evidente de un estallido por parte de los comandos irredentos del independentismo. La violencia, de la que habla el juez Llarena por escrito sin dejarse llevar por determinadas presiones o insistentes ambientes, aparece siempre de diversas formas. El insulto, la coacción o la amenaza son expresiones cotidianas en una sociedad partida en dos casi definitivamente. El entremés de los lazos amarillos no debe pasar al inventario. El siguiente paso ya se ha dado y es físico. Ocurrió ayer y sobre todo por la espalda, ya que hubo persecución. A las amenazas de muerte le siguieron los golpes. Menos mal que los Mossos se pusieron en medio para defender a los apaleados.
Si es una señal de que parte del independentismo retrocede a la legalidad, bienvenida sea. Otra cosa es que, para atraerlos al lugar común, el Gobierno de Sánchez aplique la receta equidistante que susurran desde el PSC cada día en La Moncloa. El precio del apaciguamiento no puede consistir olvidar que se rompió con la ley y con la convivencia. La prueba está a la vista sobre estas líneas.