Cientos de mayores malviven en Los Pedroches a la espera de residencia
La escasez de asilos públicos junto a la baja oferta de plazas conveniadas con la Junta obliga a separar a matrimonios y a la asfixia económica de los usuarios
El objetivo de la Ley de la Dependencia no es otro que el de reconocer un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía en el ámbito estatal: el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Esa dependencia puede estar producida por la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligada a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial. Una ley básica para un sector de la población y cuyo funcionamiento se está cuestionando en los últimos años, entre otras variables, por el incumplimiento en la aplicación de los plazos que establece el propio marco legal. En ese apartado, se determina que no pueden transcurrir más de seis meses para recibir una ayuda, un apartado que no se cumple ya que el tiempo medio que tarda un ciudadano en pasar por todo el proceso es de unos nueve meses, algo reconocido incluso por la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio. Pero es que hay casos en los que los doce-catorce meses son los plazos que se están imponiendo.
Esos plazos afectan directamente a prestaciones como la ayuda a domicilio, pero también a un recurso que en zonas con una población envejecida resulta vital, la asignación de plazas concertadas en centros residenciales. Y esta realidad golpea de lleno en la comarca de Los Pedroches donde en el año 2016 los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) situaba la población que supera los 65 años en 12.550 personas del 53.812 global, es decir, un 23,32 por ciento. A esas cifras hay que sumar una realidad social que impide o dificulta que el cuidado de las personas dependientes se realice en el seno familiar por cuestiones laborales, falta de preparación ante determinados tipos de dependencia o simplemente porque los hijos no viven ya en los pueblos de origen. Aparte, está la losa del pago de una plaza que sobrepasa los 1.000 euros al mes con pensiones no contributivas, en muchos casos, que pueden oscilar entre los 400 y 600 euros.
Plazas costosas
Durante estos meses han salido a la luz el caso de dos matrimonios de la comarca separados tras décadas de unión por el hecho de no tener la plaza en el mismo centro. Y aquí empiezan las historias personales. Como la de Félix Martín que tiene a sus padres en una residencia de Pozoblanco, la localidad con mayor población de la comarca y donde las plazas concertadas no llegan a las 70, y lleva movilizándose desde hace tiempo para conseguir una plaza concertada o una vinculada al servicio porque «ya lo que pedimos es algo de lo que establece la ley». «He ido a Córdoba, he hablado con responsables de la delegación y me dicen que tengo que abrir el abanico, pedir plaza en toda la provincia pero eso es algo que no es coherente, mis padres llevan toda su vida juntos y qué hago si me dan una plaza en Puente Genil, ¿separarlos? No aportan soluciones», relata.
A su lado se encuentra Isabel, prefiere no especificar su apellido, con su ma-
Félix Martín
Lucha desde hace meses para que sus padres consigan plaza concertada en Pozoblanco. Dice que las dan con cuentagotas o que ni tan siquiera las conceden y tiene miedo a que un posible caso de separación como los vividos estos meses de atrás.
dre en la misma residencia con un tercer grado reconocido y sin ningún servicio vinculado a la Le de la Dependencia otorgado. «Tiene un tercer grado avanzado, reconocido y seguimos a la espera de que le otorguen una plaza llevando así más de seis meses», explica para profundizar indicando que «económicamente esto es una barbaridad, estamos hablando de que todos los ahorros de su vida, todo lo que han logrado con tanto esfuerzo, se lo están gastando cuando hay una ley que contempla que tienen que recibir una ayuda».
Cerca de Pozoblanco, en Pedroche las situaciones se repiten y esta vez nos la cuentan Tránsito Romero y Antonia Román, dos residentes a la espera de una plaza concertada. Antonia lleva desde 2015 en la residencia con una pensión no contributiva que no pasa de los 420 euros y con una cuota mensual que a día de hoy es de 1.030 horas lo que le lleva a perder al año entre 6.000 y 7.000 euros. A pesar de que cuenta que se encuentra «muy bien» en la residencia, explica que sin una plaza concertada tiene que empezar a valorar el tener que dejarla. «Lo poquillo que tenía se me está acabando y si no me dan la plaza yo tendría que salirme, estoy bien pero no puedo pagarlo». Y es que no sólo hablamos de la cuota mensual, sino de hay que sumar el gasto en medicinas —elevado en personas de cierta edad y con determinadas dolencias—, o los traslados al hospital de Pozoblanco. Al margen de estas cuestiones, también mantienen sus casas, esas que son testigos del esfuerzo de años de trabajo y que no quieren perder o malvender.
La historia de Tránsito Romero es más de lo mismo. A sus 92 años de edad sufre por no encontrar respuesta en la Administración regionale, pero su bagaje personal le hace no ser muy optimista. Su marido, enfermo de alzheimer, recibió la plaza concertada en un centro el mismo día que falleció, una hora antes. Llegaba tarde. Su hija se emociona al recordarlo porque fueron siete duros años de enfermedad, sin ayuda y cuando llegó lo hizo de la manera más fría y tardía posible. Y esa idea y pregunta merodea entre todos los protagonistas, ¿cuándo llegará la respuesta? «No sabemos a qué espera, a qué se mueran, conocemos a mucha gente que se ha muerto esperando, pero no a ser valorado, sino a darle respuesta a esa valoración, es decir, a recibir el servicio que por ley le corresponde», dicen. Historias de una historia que se repite en exceso.
Antonia Román Desde 2015 está en la residencia de Pedroche esperando una plaza concertada que mitigue el desgaste económico. Con pena asegura que si el recurso no llega, la solución será dejar la residencia.
Tránsito Romero
Tránsito, de 92 años de edad, recibe la visita de su hija y de su nieta. Con un grado 2 de dependencia reconocido aún espera la asignación de recurso. Su marido no obtuvo plaza en los siete años en los que luchó contra el alzheimer.
Pensiones inviables Los mayores reciben entre 400 y 600 euros, lo que les impiden sufragar la residencia de 1.000 euros mensuales
Sobrecostes Medicinas, traslados al hospital o mantenimiento de sus viviendas agravan la situación económica