El «procés» y los protagonistas del órdago al Estado, desactivados por la Justicia
Los responsables del 1-O serán juzgados por buscar la independencia por las vías ilegales
El proceso independentista ha chocado de frente con los muros de la Justicia. Los tribunales irrumpieron en la recta final del órdago secesionista para obligar a sus responsables a rendir cuentas. Todos los protagonistas del «procés» –los antiguos gobernantes catalanes, los legisladores autonómicos y los agitadores del separatismo en las calles– se encuentran investigados por los jueces, tanto en los tribunales catalanes como en los que tienen jurisdicción en toda España. Un año después de aquel otoño caliente, que tuvo su auge en el referéndum ilegal del 1 de octubre, se acerca la hora de la verdad: los juicios que dictaminarán qué sucedió en Cataluña y sus consecuencias.
La causa principal avanza en el Tribunal Supremo, la cúspide del sistema penal español. Dieciocho dirigentes secesionistas se sentarán en el banquillo acusados de alentar una insurrección para alcanzar la independencia de Cataluña por vía ilegal, enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado. Faltará en esta vista el gran artífice del desafío: el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que se fugó a Bélgica.
El juicio se celebrará previsiblemente a principios de 2019, aunque las cuestiones previas podrían ventilarse antes de Navidad. Todavía falta que se abra el plazo para que la Fiscalía –y el resto de las partes– presente su escrito de calificación, en el que previsiblemente acusará por rebelión. Este delito será el gran debate de esta vista.
El instructor, el magistrado del Supremo Pablo Llarena, se lo atribuye a 13 dirigentes independentistas, entre ellos al exvicepresidente Oriol Junqueras, que será el principal rostro de los acusados. El delito de rebelión castiga a aquellos que declaran la independencia de una parte de España a través de un alzamiento público y violento. Llarena considera que los líderes del «procés» asumieron la violencia como un medio aceptado para alcanzar la secesión. Las defensas niegan cualquier delito y alegan que es una causa política contra el independentismo.
El juez destaca dos hitos para argumentar el componente de la violencia y se fija precisamente en el referéndum independentista ilegal que el Tribunal Constitucional prohibió con antelación. Llarena explica que el asedio a la Guardia Civil que tuvo lugar el 20 de septiembre anticipó el riesgo de brotes violentos en la jornada del 1 de octubre, un espejo que no frenó a los líderes secesionistas. El 20-S una masa de independentistas destrozó tres vehículos oficiales y retrasó durante horas la salida de la comitiva judicial que registraba la sede de la Consejería de Economía por orden de un juez.
Aceptaron la violencia
Aun así, la Generalitat de Puigdemont mantuvo la convocatoria del referéndum ilegal y llamó a la votación. «Impulsar a todos ellos a que hicieran frente al amplio despliegue policial del 1 de octubre y a que defendieran el recuento de la votación supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intento de contención del Estado», manifestó Llarena en el auto de procesamiento.
Seis procesados en esta causa (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep María Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa) se encuentran encarcelados de forma preventiva para evitar que reincidan en los delitos o se fuguen, como hicieron Puigdemont y otros seis responsables del «procés»: Antoni Comin, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluís Puig, Anna Gabriel y Marta Rovira. Llarena retiró las órdenes de entrega contra los huidos ante la falta de colaboración de las autoridades de Bélgica y Alemania.
En el otro extremo de la plaza madrileña de la Villa de París, donde se ubica el Supremo, también se sitúa la Audiencia Nacional, el tribunal que investiga el rol de la cúpula de los Mossos d’Esquadra en el «procés». Esta causa, en la que el principal procesado es el «major» Josep Lluís Trapero, se encuentra también a la espera de los escritos de acusación. En todo caso, según ha podido saber este diario, el juicio de la Audiencia Nacional se celebrará con toda seguridad después de la vista del
Supremo para evitar «contradicciones» en sus resoluciones.
La juez Carmen Lamela, que ha dejado su plaza en la Audiencia Nacional para formar parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, procesó por los delitos de sedición y organización criminal a Trapero, la intendente Teresa Laplana y a los antiguos responsables políticos de los Mossos Pere Soler y Cèsar Puig. Considera que ellos facilitaron el referéndum ilegal del 1O por la inacción de los Mossos, que permitieron la votación, sin retirar las urnas ni cerrar los colegios. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional enjuiciará si la policía autonómica se plegó al «procés».
La actitud de los Mossos no sólo ha tenido consecuencias penales sino que también provocó una «quiebra de confianza» de los magistrados catalanes hacia la Policía autonómica a la hora de encargarles investigaciones como policía judicial. Lo admitió hace unos días el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos. Una «desafección» que, sin embargo, se ha ido mitigando gracias al esfuerzo de los últimos meses de la cúpula judicial de los Mossos, según Barrientos.
Logística y propaganda
Las responsabilidades por lo acontecido en Cataluña en el último trimestre de 2017 no se dirimirán solo en el Supremo y la Audiencia Nacional. Si el Alto Tribunal se encarga de la causa contra los líderes del «procés», el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona se ocupa de los rebeldes «de la segunda fila». El magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer mantiene a una cuarentena de personas imputadas por su papel en los preparativos de la consulta ilegal. Entre ellos hay altos cargos del Govern, trabajadores públicos y empresarios que colaboraron con la logística y la propaganda del 1-O.
El intento de secesión y, especialmente, los hechos del 1 de octubre, dejaron un reguero de causas desperdigadas en decenas de juzgados catalanes. Al margen de algunos casos que se investigan por el supuesto uso ilegal del gobierno autonómico de datos personales para el censo de la consulta, los operativos desplegados ese día de la Guardia Civil y la Policía Nacional, por un lado, y el de los Mossos d’Esquadra, por otro, se vieron envueltos en polémica y también acabaron en los juzgados, si bien por motivos bien diferentes.
En el caso de la Policía catalana, varios jueces abrieron diligencias por la supuesta pasividad de los agentes autonómicos. La mayoría se ha inhibido ya en favor de la Audiencia Nacional –para centralizar allí toda la investigación contra los Mossos– aunque al menos un juez, de Lérida, todavía mantiene abierta una causa.
Cargas policiales
En el caso de la Policía Nacional, las investigaciones se centran en analizar si algunos de sus agentes pudieron haber actuado de forma «desproporcionada» durante las cargas policiales contra los activistas en los colegios para abortar el referéndum e incautar las urnas. Las más significativas son las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona por el supuesto exceso policial en algunas de las escuelas de la capital.
A día de hoy, el magistrado mantiene imputados a 24 agentes de la Policía Nacional, entre ellos algunos mandos, por la «desproporción» de alguna de sus actuaciones. Todavía no los ha citado a declarar. No se ha podido esclarecer, por el momento, qué agente lanzó la bala de goma que dejó sin ojo a un activista en los alrededores de uno de los colegios.