El PSOE pide poner fin a la ley de punto y final de las parcelas
▶ Propone recuperar el cambio del PGOU que reconozca a las casas que no se legalizaron
La ley del punto y final. Así se llamó entre 2001 y 2003 a la política del Plan General de Ordenación Urbana sobre las parcelas. Consistía en el reconocimiento de una gran parte de los núcleos como suelo urbano no consolidado o como terrenos urbanizables sujetos, por tanto, a medidas de legalización. A cambio, ni una casa más. Unas cuatro mil viviendas quedaron fuera de ese procedimiento bien por haber sido construidas con posterioridad, fuera de los límites de la legalidad o en lugares sensibles como zonas inundables, en Medina Azahara, en la Sierra o cerca del Aeropuerto. El PSOE ha propuesto formalmente que esa política pase a mejor vida mediante una modificación sustancial del Plan General ya que «esas viviendas ya se han ganado el derecho a existir». La cita es literal de la moción registrada por la portavoz socialista, Carmen González, y que se debatirá en el próximo Pleno.
La moción parte de una constatación. Un gran número de viviendas levantadas irregularmente quedaron fuera del proceso de legalización. Por tanto, han quedado ajenas también a cualquier elemento que permitiese una mejora de las condiciones de vida de estas casas, que en algunos casos forman parte de núcleos. Bien mediante la figura del asimilado al fuera de ordenación o a cualquiera de las figuras previstas en la legislación autonómica que permitían incluso el adelanto en la dotación de servicios básicos.
El PSOE propone reenfocar la política municipal hacia estos núcleos incluso valorando si procede la situación de protección especial que motivó que esas casas quedaran fuera de juego. Se trata de una referencia directa a los casos ubicados, por ejemplo, en la Sierra. La moción de la portavoz socialista es bastante clara en el sentido de que ya no queda tiempo para desarrollar esta medida en lo que queda de mandato. Lo que busca es un pronunciamiento político para que se haga en el futuro contando, incluso, con personal externo si la Gerencia de Urbanismo no puede destinar sus propios servicios técnicos para esta finalidad.
El movimiento, que puede parecer una finta, es en realidad táctica realizada al calor de la proximidad electoral. El planteamiento es que llega un nuevo Gobierno andaluz al que se le pretende abrir un frente en las parcelas. El actual estado de cosas en la periferia no fue una voluntad municipal, que desde siempre abogó por buscar soluciones casi personalizadas para cada uno de los núcleos. La Junta, bajo los distintos gobiernos del PSOE, se mostró inflexible tanto cuando se redactó el Plan General como cuando se intentaron modificar los límites de determinados ámbitos para ampliar la zona legalizable.
La Junta nunca estuvo por la labor, por ejemplo, de facilitar las cosas en el entorno de Medina Azahara o en determinadas zonas de la Sierra que ya tiene parcelaciones tremendamente asentadas como Las Siete Fincas. El Gobierno andaluz ha venido abriendo progresivamente la mano para este tipo de supuestos, lo que en Córdoba nunca ha tenido efectos reales.