El Ministerio de Justicia de Sánchez mantiene parado el Juzgado 24 horas
▶La consejera en funciones, Rosa Aguilar, intentará desbloquear un órgano que contaba con presupuesto y el visto bueno del anterior Ejecutivo central
El Ministerio de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez mantiene bloqueada la puesta en marcha del Juzgado 24 horas en Córdoba, pese a que contaba con el visto bueno del anterior ministro Rafael Catalá (PP) y con la aprobación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde el pasado verano. Todo parecía estar listo, incluso el plan de implantación de este juzgado permanente, que ya obraba en manos de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba para que comenzara su andadura el 1 de octubre. Gestiones relacionadas con entradas y registros, levantamiento de cadáveres, recepción de atestados, intervenciones telefónicas, víctimas de violencia de género, menores o inhumaciones iban a agilizarse con un juzgado de guardia que Córdoba reclamaba desde hace años y que fue uno de los propósitos de varios presidentes de la Audiencia Provincial, así como una reivindicación del juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja.
La Consejería de Justicia ya había previsto en el Presupuesto para este año la provisión de fondos para pagar a los funcionarios de Justicia que formaran parte de este órgano 24 horas, que está pendiente de que el Ministerio lo desbloquee. La primera ventaja que aportará el nuevo tribunal es la reducción de la estancia en los calabozos, además de que permitirá al ciudadano poner una denuncia a cualquier hora de cualquier día del año. Sin embargo, no hay fecha para su puesta en marcha.
La encargada de ir hasta Madrid para presionar al Gobierno de Pedro Sánchez y pedir la última firma que falta para que arranque el Juzgado 24 horas será la consejera de Justicia en funciones Rosa Aguilar. Lo hará en un contexto complejo, con el Ejecutivo autonómico del PSOE en la casilla de salida tras los últimos comicios andaluces, y en plena negociación de las derechas para formar gobierno en la Junta. Las rencillas políticas entre Pedro Sánchez y Susana Díaz tampoco juegan a favor de los juzgados cordobeses.
Ante este panorama, el diputado nacional de Ciudadanos por Córdoba, Marcial Gómez, se adelantó a denunciar esta misma semana que el año concluirá sin que el turno de guardia de 24 horas haya entrado en funcionamiento en Córdoba, y sin que cuente con una dotación presupuestaria para el año 2019. «Es otro de los puntos de las muchas promesas incumplidas por parte de la Junta», lamentó Gómez.
Tal y como apuntó en septiembre el juez decano, Miguel Ángel Pareja, el principal fleco que queda pendiente es que el Ministerio de Justicia devuelva el expediente con su visto bueno. Hay que tener en cuenta que aunque el 80 por ciento del gasto que supone su creación
Política Las rencillas entre Sánchez y Díaz y el difícil panorama del PSOE andaluz dificultan las últimas gestiones
y mantenimiento lo sufragará la Junta de Andalucía, el 20 restante quedará bajo el paraguas del Gobierno central. Hasta ahora, tanto la Administración autonómica como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Colegio de Abogados de Córdoba, la Fiscalía, el juez decano y la Audiencia Provincial han defendido sin fisuras su puesta en marcha cuanto antes.
Se preveía que su apertura fuera rápida, dado que el edificio de la Ciudad de la Justicia fue concebido para albergarlo. «Las dependencias las tenemos, ya nacieron con el establecimiento de ese servicio y sólo hay que hacer pequeños acondicionamientos de zonas de descansos para la Fiscalía, funcionarios, jueces y letrados de la Administración de Justicia», aseguró el juez decano. Además, el proyecto tiene el informe favorable del CGPJ e incluso se había organizado un calendario de guardias. No obstante, el Gobierno de Sánchez, en respuesta parlamentaria, se limitó a afirmar que estudiaría la solicitud del servicio, sin especificar que se mantenga el compromiso adquirido por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y por el anterior ejecutivo.
Carga de trabajo
El diputado de la formación naranja criticó que «los socialistas de Sánchez le vuelven la espalda a las necesidades de Córdoba, justificándose en que ahora hay una menor carga de trabajo al haberse despenalizado las faltas, sin tener en cuenta que la incoación de delitos leves supone una mayor carga cualitativa a nuestros Juzgados de Instrucción». Gómez, que resaltó «la gran labor y profesionalidad de los operadores jurídicos de nuestra provincia», criticó que los informes han sido «injustamente calificados por el Gobierno al decir que no acreditan suficientemente la carga de trabajo necesaria para este servicio».
Por último, el diputado Marcial Gómez aseguró que el Gobierno del PSOE ha eludido la pregunta parlamentaria relativa a la dotación presupuestaria para el Juzgado de 24 horas que el actual Ejecutivo tiene prevista para el año próximo.