El fiscal cree que la juez Núñez da un «salvoconducto» a los políticos
▶ Denuncia que no los investiga en unas ayudas incluidas en el caso ERE
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido en apelación un auto de la instructora del caso ERE, María Núñez, en el que rechaza investigar a ocho exaltos cargos de la Junta en una pieza separada por ser juzgados en la pieza política, al creer que les da un «salvoconducto» sin investigar los indicios de delitos.
El Ministerio Público, en un escrito del 19 de noviembre, recurre en apelación a la Audiencia un auto de la jueza Núñez en el que rechaza investigar en la pieza separada sobre las ayudas de la Junta a la empresa UVESA a los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; los exviceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román; los ex directores generales Javier Guerrero y Juan Márquez; y el exdirector de la agencia pública IDEA Miguel Ángel Serrano.
Todos ellos están siendo juzgados por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en la pieza política del caso ERE sobre el «procedimiento específico» usada para conceder y pagar ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, y se enfrentan a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación acusados de prevaricación y malversación.
Tanto la jueza instructora como la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla están excluyendo a los acusados por el «procedimiento específico» de las causas que investigan ayudas concretas, al entender que ya se les está juzgando por la concesión y pago de cada ayuda dada con ese sistema y aplicar el principio por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos.
La Fiscalía sostiene lo contrario, en base a un auto de cuestiones previas dictado por el tribunal que juzga la pieza política el pasado 9 de febrero en el que indicaba que las ayudas concretas no son objeto de este proceso. En este caso, el Ministerio Público llama la atención porque no se trata de una exclusión de investigados en la causa sino que «se veta la posibilidad de llamar en tal condición» a estos ocho ex altos cargos de la Junta de los que «existen indicios de su participación» en la concesión de una ayuda que se considera fraudulenta.