«En 40 años de democracia no hemos tenido en cuenta las políticas demográficas»
Isaura Leal Alta Comisionada del Gobierno para el reto demográfico
▶ Anuncia que al igual que se ha hecho con el caso del género, es «necesario incorporar el impacto demográfico a todas las políticas públicas»
Nació en Valencia, pero a los dos meses estaba de la mano de su padre, funcionario, en un pueblecito de Lugo llamado Sarceda que hoy tiene dos habitantes. Se siente gallega cien por cien, y confiesa que, de su familia, solo ella permanece alejada de la tierra. Tuvo que «estudiar, buscar cómo ganarse la vida fuera», como tantos otros jóvenes del medio rural. Licenciada en Derecho en Valladolid, ha trabajado más de veinte años en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ese espíritu local le ha «perseguido» hasta su salto de la política autonómica al Alto Comisionado del Gobierno para el reto demográfico.
Tiene un hijo, pero le hubiera gustado ampliar la familia, reconoce. El país se queda sin niños. Fue la sentencia esta semana del Instituto Nacional de Estadística (INE) e Isaura Leal, de 59 años, se siente corresponsable de abordar este reto demográfico. Por eso, plantea como «inexcusable» no demorar más políticas públicas para luchar contra la baja natalidad y la despoblación que sufre la mitad de nuestro territorio. De hecho, presume de haber introducido una partida de 80 millones de euros para potenciar a los jóvenes emprendedores en pueblos de menos de 10.000 habitantes y varias medidas en el plan de choque para el empleo juvenil, recientemente aprobado por el Ejecutivo socialista.
Leal demanda el «consenso» entre las distintas administraciones, sabedora de que con el sesgo político no hará bandera de su causa, en un país atomizado en 8.124 municipios y 17 autonomías. Anuncia una estrategia nacional sobre este asunto para la próxima primavera. «Con la demografía nos jugamos el modelo territorial», alerta, porque España «llega demasiado tarde» a este desafío. La despoblación se expande como una pandemia por todo el país.
—Desde la creación del alto comisionado, ¿cree que el ciudadano comienza a notar las medidas contra la despoblación?
—En España llevamos 40 años construyendo una democracia. Hemos creado instituciones, un Estado de bienestar, pero en este camino no hemos tenido en cuenta las políticas demográficas.
—Los demógrafos dicen que el lugar de residencia es una decisión libre de los ciudadanos. Teniendo en cuenta esto, ¿qué posibles soluciones se plantean al problema de la despoblación?
—Coincido en que los poderes públicos deben garantizar la libertad de los ciudadanos para elegir dónde quieren vivir. Pero para que sean libres en esa elección hay que darles unas condiciones de igualdad, de oportunidades y que la decisión que tomen no esté sometida o supeditada a que abandonan su entorno porque no tienen condiciones de vida dignas. Ya sea porque no tienen empleo o porque no tienen un buen acceso a los servicios básicos. Cuando las personas se mueven en el territorio, la mayoría de las veces es porque buscan las oportunidades que no encuentran en su lugar de origen. Son muy pocos los que deciden libremente marcharse.
—¿Qué está haciendo el Gobierno, por ejemplo, por un joven de Teruel para favorecer que pueda retornar a su pueblo?
—Es un problema estructural que venimos arrastrando desde hace décadas. Ahora queremos que regresen los jóvenes que se marcharon de España durante la crisis en búsqueda de empleo. Nuestro objetivo debería ser que volvieran no solo a España, sino que volvieran al lugar de donde salieron. Para eso hay que garantizarles un proyecto de vida profesional, personal y familiar y eso se traduce en actividad económica, empleo, vivienda y servicios básicos. Se trata de conseguir que se sientan en las mismas condiciones que le puede ofrecer una gran ciudad. E incluso con una mejor calidad de vida.
—¿Existen buenas prácticas en otros países de nuestro entorno que sufren el mismo problema y que se podrían extrapolar a nuestro país?
—Las políticas demográficas se han trabajado en Escocia, Canadá, Francia, en algunas zonas de Italia con fórmulas diversas y diferentes porque, al igual que ocurre en España, no existe una receta única. Nuestro país es privilegiado en cuanto al entorno medioambiental y de los propios recursos. Tenemos otra ventaja que deberíamos poner en valor: nosotros hemos basado nuestra ordenación territorial en los pueblos. Forman parte de nuestra historia y de nuestro modo de vida. Ahora que otros países se están planteando el concepto de «smart village» o «smart cities», nosotros partimos de una tradición…
—Pueblerina…
—Pueblerina, en el mejor sentido de la palabra, porque nuestro territorio está estructurado por nuestra propia historia en torno a 8.124 municipios y eso
«Vivimos una segunda migración: los mayores ya se van a las ciudades»
—¿Se potencia el regreso de los jóvenes a sus pueblos de origen? —La despoblación es el síntoma de la desigualdad. La enfermedad grave es la desigualdad que existe entre los que viven en el mundo rural y en las ciudades. Ahora mismo estamos viviendo un segundo movimiento de población. La de los mayores que se habían quedado en los pueblos y que ya empiezan a desplazarse. Se van porque sus hijos no les pueden atender en sus pueblos y los atraen a las ciudades. Ciudades como Soria, Segovia o Lugo están recibiendo personas mayores que van a vivir sus últimos años de vida al entorno urbano porque se sienten más protegidos y más cerca de sus familiares, del hospital y de los servicios públicos que necesitan. es una oportunidad, no debe ser un problema. Y lo deberíamos aprovechar a la hora de tratar de ofrecer oportunidades en todo el territorio. —¿Usted está a favor de los incentivos fiscales para favorecer que las empresas se localicen en zonas rurales?
—No hay que descartar ninguna medida que trate de activar económicamente y crear empleo en todo el territorio.
—Han pasado casi dos años desde la creación de este comisionado. Estará de acuerdo en que el reto demográfico no ha sido desde entonces una prioridad…
—Tras estos 40 años de recorrido de nuestra joven democracia deberíamos incorporar el impacto demográfico a todas las políticas públicas. Soy defensora de que, al igual que se ha incorporado el impacto ambiental o el impacto de género, deberíamos incorporar el impacto demográfico en todas las tomas de decisiones por el Gobierno central, los autonómicos, Congreso… —Estamos de acuerdo en que se llega tarde... —Aún estamos a tiempo y no podemos seguir demorando ciertas decisiones. Ha llegado el momento de que todos, de forma consciente, alcancemos un acuerdo de Estado porque España necesita varios pactos y este es uno de ellos. —El mapa de la pérdida de población que muestra [y que acompaña esta entrevista] es desolador. Por su experiencia de trabajo en estos meses, ¿cuál es la comunidad que más le preocupa?
—Es general. Asturias, por ejemplo, tiene un gravísimo problema de envejecimiento. Es la comunidad con el número más alto de población mayor. A Galicia le ocurre algo similar. Aragón tiene concentrada una grandísima parte de toda la población de la comunidad en torno a Zaragoza y el resto de la comunidad, despoblada. Si hablamos de Castilla-La Mancha, toda la provincia de Cuenca tiene la misma población que Fuenlabrada. Todos los habitantes de la provincia de Soria son 88.000 y no llenan el Camp Nou. Andalucía, que es la comunidad más pujante a nivel de población porque es la que tiene mayor número de jóvenes, comienza a tener zonas en riesgo de despoblación: el interior de Almería, una parte del interior de Córdoba, otra de Granada .... En Guadalajara, a la comarca de Molina de Aragón, la llaman «la Siberia europea» porque la ratio de habitantes está por debajo de la de Siberia (y porque es muy fría). Una parte de Extremadura es considerada «la Laponia española». No podría hablar de una comunidad porque es un problema de España. Con el reto demográfico nos jugamos un modelo territorial y un modelo de cohesión.