¿Guerra o estrategia?: García Castaño tacha de «mentiroso» a su exsocio Villarejo
▶ El juez decidirá si lo encarcela cuando acabe de declarar por todas las piezas
Con el foco de la Justicia sobre sus hombros, el comisario Enrique García Castaño aprovechó la presencia de periodistas en la Audiencia Nacional tras su declaración por el espionaje a Luis Bárcenas para arremeter públicamente contra el comisario jubilado José Villarejo. Antiguos socios y supuestos codirigentes del «consorcio criminal» que construyó éste –en palabras de la Fiscalía Anticorrupción–, García Castaño tachó de «mentiroso y canalla» a su compañero. Algunas fuentes creen que esa frase es el comienzo de una guerra abierta por tratar de eludir responsabilidades en el caso Tándem; otras se muestran mucho más cautas y no ven que esas supuestas discrepancias se hayan trasladado a sus respectivas versiones ante el juez, al menos en lo que se refiere al extesorero del PP. Ambos responsabilizan al ex número dos de la Policía Eugenio Pino de dar la orden de investigarlo.
Ayer, García Castaño, conocido como «el Gordo», volvió a negar la ilegalidad de la operación Kitchen, e insistió en que él siempre siguió las órdenes de sus superiores, según comentó él mismo a los medios. Señaló en concreto a Pino, cuya comparecencia por el caso del espionaje al extesorero está todavía pendiente. El Gordo aseguró que todo lo que hizo fue legal y justificó la operación por la alarma social que en 2013 generó el caso Bárcenas. Según él, el objetivo de la maniobra sufragada pretendía controlar fondos y testaferros del extesorero, cuya documentación condujo a la causa de la caja B.
En la operación Kitchen, investigada por la Audiencia Nacional, la red de Villarejo supuestamente sustrajo documentos a Bárcenas con la intención de torpedear las investigaciones judiciales contra el PP, una maniobra sufragada con fondos reservados. Interior ha reconocido en la actualidad que la operación se llevó a cabo, pero sus antiguos responsables no han admitido las supuestas ilegalidades. Los hechos tuvieron lugar entre 2013 y 2015, cuando Jorge Fernández Díaz, del PP, era ministro del Interior y Francisco Martínez su secretario de Estado.
Tras la comparecencia de García Castaño, la acusación popular que ejerce Podemos pidió una vistilla para solicitar la prisión provisional contra él, una medida cautelar que permite encarcelar a una persona que no ha sido juzgada para evitar que se fugue o destruya pruebas de la investigación. La Fiscalía Anticorrupción se adhirió a la solicitud. El juez del caso, Manuel García Castellón, no lo aceptó porque aún está pendiente la declaración de El Gordo sobre las piezas Iron y Land, dos ramas de la investigación que no están secretas y en cuyas declaraciones iba a participar Podemos. Tomar una decisión ahora, antes de terminar de oírle, podría causarle indefensión, en opinión del juez. Para esas declaraciones tampoco hay fecha todavía.
Cuadro de indicios
La acusación popular de Podemos considera que el cuadro de indicios completo que dibujan todas las piezas del caso Villarejo contra García Castaño justifica la medida de la prisión preventiva. La Fiscalía ya pidió en su día cárcel para él y no sería extraño que cuando se celebre esa vistilla, tarde o temprano, vuelva a solicitarlo.
Mientras, el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) ha reaccionado a la imputación de Juan Carlos Garcés Pérez, jefe de servicio de Informática, como parte de la red del caso Villarejo apartándole temporalmente de su cargo. Además le ha abierto un expediente informativo y ha encargado un minucioso informe al director del Centro de Documentación Judicial sobre las actuaciones este funcionario.
Reacción fulminante El CGPJ aparta de sus funciones a su funcionario investigado y le abre un expediente informativo