El Gobierno desclasifica más documentos del caso Kitchen
Tal como había anunciado, el Gobierno desclasificó ayer y remitió a la Audiencia Nacional documentación sobre seguimientos realizados en la denominada operación Kitchen, el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, supuestamente para robarle documentación comprometida para ese partido. El Ejecutivo considera el caso «absolutamente grave» ante el supuesto uso «ilícito» de medios públicos, ya que se habrían empleado fondos reservados del Ministerio del Interior.
El titular de ese departamento, Fernando Grande-Marlaska, confirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la desclasificación de nuevos documentos encontrados desde que el pasado mes de diciembre el Ejecutivo levantara el secreto sobre otra serie de notas relacionadas con este asunto, que se remonta a 2013.
La documentación se ha enviado a los dos magistrados interesados en este caso: el juez Manuel García Castellón, que lo investiga en una pieza del caso Tándem sobre los posibles delitos cometidos por el excomisario José Villarejo; y el juez José de la Mata, que indaga sobre la presunta caja B del PP a raíz de los «papeles de Bárcenas», los mismos que presuntamente querían robarse en ese operativo.
El ministro no quiso pronunciarse sobre nombres propios –se le preguntó en concreto por el del exministro Jorge Fernández Díaz–, pero sí destacó que el Ejecutivo solo desclasifica documentos a petición de un juez y en casos que considera «absolutamente graves».
Por otra parte, la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, señaló que el portavoz de la formación en el Senado, Ignacio Cosidó, tiene que asumir sus responsabilidades por la operación Kitchen. «Las siglas están por encima de las personas», aseguró, sobre Cosidó, que entonces era director de la Policía Nacional.
El PP toma nota Andrea Levy pide responsabilidades a Ignacio Cosidó: «Las siglas están por encima de las personas»