El asesino siguió en 2010 un programa de rehabilitación de violencia de género

José Javier Salvador Calvo, de 50 años, ingresó en prisión preventiva en 2003 en el centro penitenciario de Teruel, apenas un par de días después de matar a su mujer. En esa situación estuvo dos años, hasta que fue condenado a 18 por eese primer crimen. En diciembre de 2011 la Junta de Tratamiento de la cárcel le denegó el tercer grado, pero el recluso recurrió. El juez de Vigilancia Penitenciaria le dio la razón. A partir de ese momento pasó a depender del Centro de Reinserción Social (CIS) de Zuera, en Zaragoza.

En 2017 era el momento en que podía acceder a la libertad condicional para acabar de cumplir su pena, en 2021. La Junta de Tratamiento, en este caso de Zuera, emitió un informe desfavorable a esa pretensión alegando tres motivos: la gravedad de los hechos cometidos, que sólo había hecho frente a una mínima parte de la responsabilidad civil, de 300.000 euros, que le impuso el tribunal y, sobre todo, que no se podía garantizar un pronóstico de reinserción favorable; es decir, parece que la Junta pensaba que había cierto riesgo de que este sujeto pudiera volver a delinquir.

Prisiones dijo no

Una vez más Salvador Cano recurrió la decisión de Prisiones, esta vez ante el juez de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza, en este caso el Penal 2, que decidió concederle la libertad condicional. Por supuesto, a partir de ese momento la cárcel perdía toda posibilidad de controlarlo.

Las fuentes consultadas por ABC aportan además otro dato relevante: en 2010 el asesino había seguido y completado el programa de tratamiento para los reclusos que están condenados por violencia de género. Y a pesar de ello la Junta de Tratamiento de Zuera se opuso a su libertad condicional, lo que sin duda es llamativo.

A pesar de cómo se han desarrollado los acontecimientos en este caso hay que destacar que la reincidencia en presos de violencia de género que finalizaron el programa de tratamiento es del 6,8 por ciento, según un estudio realizado entre casos ocurridos entre 2010 y 2015. Cuando los reclusos no lo siguieron, el 35 por ciento volvieron a cometer estos delitos.