La «venganza» de Hevia causa un nuevo incendio dentro de la SGAE

▶ El presidente denuncia a sociedades creadas por autores y editores críticos con «la rueda»

En un paso más hacia la autodestrucción, la SGAE ha denunciado a algunos de sus más eminentes socios a través de las «empresas cesionarias» creadas para la administración de sus derechos, en nombre de la transparencia. El presidente, José Ángel Hevia, llevó al último comité de dirección de la entidad la posibilidad de estudiar «si el uso de empresas cesionarias podría suponer irregularidades o sería constitutivo de delitos fiscales». Según varios asistentes a dicho comité, se decidió estudiar el caso, pero «ni se votó denunciar ni la decisión fue por unanimidad» como dijo el comunicado de la entidad. Hay gran cabreo por ello, «se han extralimitado», pero también hay miedo ante la «locura desatada por Hevia», según un socio.

Tras descubrir un informe de septiembre de 2017, encargado por el expresidente José Miguel Fernández Sastrón, sobre las implicaciones fiscales y jurídicas de este tipo de contratos, se redactó la demanda y se presentó ante la fiscalía con el fin de animarla a una investigación punitiva. «No estamos en condiciones de acusar a nadie, pero sí de presentar la denuncia», dice una portavoz de la SGAE. También confirma que la demanda es de un despacho externo: «Tal vez haya que depurar responsabilidades en el departamento jurídico o en anteriores juntas directivas por estos usos, es mejor que sea así».

El comité de dirección recibió, significativamente, la visita de «jóvenes abogados del despacho Auren, entre cuyos clientes figura AtresMedia», según se dijo tras la reunión, quienes habrían redactado la demanda. Sin embargo, la única firma que aparece al pie de la misma, a la que ha tenido acceso ABC, es la de la procuradora Rocío Blanco Martínez, que representa a la entidad habitualmente ante los tribunales. Para un músico y crítico, «esta demanda es grotesca: el presidente más apoyado en la Rueda actúa con el despacho que defiende intereses de algunas de las cadenas con más peso en la trama» que investiga la Audiencia Nacional.

Pau Donés, «estupefacto»

Entre los socios denunciados con datos concretos, aunque no mencionados en la demanda, figuran Sabina, Pau Donés, Alejandro Sanz, Dani Martín o Rosario (y se dice que hay listas). La filtración de nombres al diario «El Mundo» y la identificación de las cantidades con las sociedades de cada uno que aparecen en un cuadro en la demanda «solo puede haber partido de la cúpula que ha manejado la demanda», según denuncia un indignado socio, y eso es «la gota que colma el vaso para el colectivo».

Ayer, Pau Donés, músico que padece cáncer y recientemente se ha retirado, hizo público un comunicado en el que niega las acusaciones: «Me quedo estupefacto. La junta directiva de SGAE vuelve a meter la pata, y esta vez atacando a sus propios socios (...) Dos juntas corruptas en manos de las televisiones privadas expoliando la Sociedad a merced de los intereses de dichas televisiones (La Rueda). (...) Este es un sistema de gestión y cobro de derechos de autor instrumentado y consensuado por la propia SGAE, editoriales y artistas, en total conformidad con los reglamentos que regían y rigen la entidad y en ningún caso fuera de la más absoluta legalidad fiscal. (...) La propia SGAE sugirió, aprobó, consensuó y practica desde hace más de 20 años», añade el artista, que afirma que es una cortina de humo para desviar la atención de otros problemas más importantes. Por si fuera poco, el expresidente Fernández Sastrón, que archivó el informe en 2017, escribe en su blog estos días también que la denuncia es «irresponsable».

Así fue la historia

Para entender esta nueva batalla conviene echar la vista atrás. La SGAE prohíbe en su reglamento que los autores cedan más del 50% de sus derechos a las editoriales. Por ese motivo, algunos autores decidieron crear, además de su propia editorial, otra sociedad «cesionaria» que administraría el otro 50% de lo que producen sus obras, dando cada uno el fin que ha querido a esas comerciales. En algunos casos, y solo como administrador de esas cesionarias, una conocida editorial, Warner, gestionaba los derechos siguiendo las indicaciones del autor, que quería una administración profesional. Algunos autores, además, recibían adelantos editoriales sobre los derechos de sus obras, las que más recaudan, y por ello se decidió según consejo del servicio jurídico de la SGAE que fueran esas editoriales –aunque solo administraban– quienes recibieran el pago de derechos de las obras a cuenta de esos adelantos.

Los ingresos tributaron, en todo caso, según los afectados, muchos de los cuales han tenido que regularizar su situación durante los años en los que Hacienda endureció su tolerancia a las empresas pantalla. La solución fue calificada como «legal aunque algo irregular» por el vicepresidente de la SGAE Luis Felipe Palacios, en 2017.

Se da la circunstancia de que en algunas de estas sociedades, como las que se han filtrado como cesionarias de Sabina, «El Pan de mis Niñas» y «Relatores», el músico, según ha comprobado ABC en la información mercantil de ambas firmas, no figura ni como socio ni como administrador.