EL SUPREMO, GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD
A un juicio inédito le seguirá una sentencia inédita, que la sociedad puede aguardar con tranquilidad; está en manos de un tribunal que es garantía de independencia
Alas siete y tres minutos de la tarde de ayer, el magistrado Manuel Marchena pronunció el «visto para sentencia» que ponía fin al juicio penal más importante de la historia de la democracia española. Tras cincuenta y dos sesiones de vista oral, la Justicia puede sentirse orgullosa del trabajo que ha realizado la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La evidencia se ha impuesto a las estrategias iniciales de las defensas, porque el rigor garantista aplicado por el magistrado Marchena, con el respaldo del tribunal, ha asegurado un proceso escrupulosamente respetuoso con los derechos de los acusados y de sus abogados defensores. Más allá del argumento tópico sobre la «criminalización» de las ideas, el proceso penal sobre el golpe de Estado termina con un fuerte blindaje para su posterior recorrido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
como un factor más de la movilización social para la independencia. Claro que hubo violencia en septiembre y octubre de 2017. Hubo la necesaria para movilizar al independentismo en la calle, provocar la reacción de las Fuerzas de Seguridad del Estado y asegurar la votación en el mayor número posible de centros electorales el 1-O. No fue una violencia generalizada porque el separatismo no la necesitó, ya que el poder público autonómico estaba al servicio del proceso de independencia.
porque la consulta era necesaria para la posterior declaración unilateral de independencia. La relación finalista entre violencia y derogación de la Constitución, por un lado, y violencia y separación de Cataluña, por otro, era evidente. Los acusados pretendieron ayer y anteayer sustraerse a las evidencias sobre la violencia para centrarse en una versión naif de lo sucedido: ejercicio democrático, ambientes festivos, ilusión colectiva, derecho a votar. Vuelta a la «revolución de las sonrisas» para confrontar con la versión de los fiscales y para pretender del tribunal que juzgue con sentimentalismo a unos acusados que se presentaron como buenos cristianos, políticos pacíficos y padres de familia. Lo serán, sin duda, pero todo ello es compatible con la acusación de los fiscales, centrada en un delito de rebelión cuyo bien jurídico protegido es la Constitución.