El colectivo que «se inmola»
La escena es habitual: la abuela o el abuelo asumen una importante parte de los cuidados de los nietos mientras los progenitores trabajan. No es un fenómeno novedoso, pero los ritmos de la sociedad moderna, la ineficiencia de las políticas de conciliación y, en ocasiones, la negativa de los padres a renunciar a espacios de intimidad han desembocado en una figura que el fiscal de protección de las personas con discapacidad y colectivos vulnerables, Fernando Santos Urbaneja, ha bautizado como «abuelo esclavo». Son esas personas mayores que llevan a los pequeños a la guardería, les hacen de comer, se pelean con ellos para que duerman la siesta y los entretienen por la tarde, ejercen como «canguro» mientras sus hijos hacen planes y, en conclusión, renuncian al descanso que les corresponde tras toda una vida de trabajo y dedicación familiar para supeditar su vida a un nuevo ciclo de cuidados.
El de los mayores es un colectivo que «se inmola», dice el fiscal. Se entregan a los demás hasta un punto superior al que les permiten sus posibilidades. Lo aguantan todo y rara vez dicen que no, pero Santos considera que es necesario darles «un respiro» y frenar ese «abuso» que se hace de la figura del abuelo. En su labor de protección de las personas vulnerables, lamenta que esta no es una cuestión punible en los juzgados, que se pueda denunciar en los tribunales, sino que tiene que ver con los valores de la sociedad en la que vivimos. Por esta razón, apela a un cambio de sensibilidad que libere al «abuelo esclavo». Por mucho que estas personas estén dispuestas a la «inmolación», hay que «estar atentos para evitarlo».
Dependencia económica
El abuso, afirma el fiscal, no se restringe al tiempo que los abuelos dedican al cuidado de la familia. También tiene una vertiente material y económica. «¿Cuántas familias están sostenidas por las pensiones de las personas mayores?», se pregunta Santos, que reclama para los ancianos la autonomía necesaria para administrar su tiempo y su dinero.
En esta línea, el fiscal señaló la importancia de que las personas mayores dejen constancia, ante notario, de cuáles son sus deseos. Existen figuras de autoprotección como el poder preventivo, un mecanismo notarial que permite a una persona designar a otra para que pueda actuar en su nombre en el momento en que ésta pierda la capacidad natural de obrar por sí mismo a causa de, por ejemplo, el advenimiento de una demencia. Santos afirmó que más del 80 por ciento de los procedimientos de incapacitación que se realizan son de personas mayores.
Capítulo aparte merecen los malos tratos que sufre este colectivo, que son los más invisibilizados de cuantos existen en la sociedad por el silencio al que sus víctimas los someten. Santos afirma que es imposible cuantificar los casos porque no se judicializan: las personas mayores, simplemente, no denuncian. Tampoco prestan declaración ante una denuncia de maltrato o vejación presentada por terceros. «No tenemos recorrido penal», explica el fiscal, que reivindica una vez más una labor educativa y de reflexión sobre el papel que juegan las personas de edad avanzada en la sociedad y la importancia de cuidarlas.
No solo en el núcleo familiar y en la calle, también en las residencias en las que acaban recluidos los mayores que no pueden ya valerse por sí mismos. Muchas de ellas son, a su juicio, encierros de contención, aburrimiento y dietas blandas. Considera esencial reclamar «calidad de vida» para las personas en el ocaso de su existencia.
Denuncias
Los malos tratos a los mayores no tienen recorrido judicial porque las víctimas no acuden a los juzgados