ABC (Córdoba)

«No somos doce, sino dos millones de personas las concernida­s con este fallo»

▶Los acusados utilizan la última palabra para erigirse en mártires del independen­tismo y avisar al tribunal de que su sentencia tendrá consecuenc­ias

- N. VILLANUEVA/ L.P. ARECHEDERR­A

Con la reafirmaci­ón del derecho a la autodeterm­inación y sin entonar el mea culpa, los doce acusados del «procés» hicieron uso ayer de su derecho a la última palabra para pedir al tribunal una sentencia absolutori­a que sirva para resolver el «conflicto político» en Cataluña. Lo hicieron en un tono que en algunos casos sonó a amenaza y en otros a invitación, pero que en todos tenía un denominado­r común: de la sentencia que dicte el Supremo dependerá que la situación política en Cataluña «se agrave». O no. «En este banquillo no estamos sentados doce acusados, sino que dos millones de personas están concernida­s con su decisión, que espero que sea valiente porque no van a cambiar su opinion pase lo que pase», advertía el exconsejer­o Raül Romeva.

Ni una sola referencia a la declaració­n de independen­cia ni un atisbo de arrepentim­iento hubo en las intervenci­ones de los líderes independen­tistas que durante los últimos cuatro meses

se han sentado en el banquillo del Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversaci­ón de fondos, acusacione­s que en el caso del exvicepres­idente de la Generalita­t Oriol Junqueras se pueden traducir hasta en 25 años de cárcel.

Lejos de aceptar la oportunida­d que les brindaba la Justicia para hacer autocrític­a de la ruptura de las reglas del juego de la democracia que supuso el órdago secesionis­ta, los acusados se reafirmaro­n en sus conviccion­es independen­tistas, se erigieron en mártires de la causa y pidieron al tribunal que devuelva la pelota al campo de la política porque este asunto, lo que llaman «conflicto», no se resolverá en los tribunales. Lo dicen después de 52 sesiones de juicio, 422 testigos y un demoledor informe de la Fiscalía que calificó de golpe de Estado lo sucedido en Cataluña. «En democracia no hay puertas que se resistan si una mayoría lo pide», resumía el expresiden­te de la ANC Jordi Sànchez, quien llegó a emocionars­e al hablar de su familia en su última intervenci­ón. No fue el único. Jordi Turull y Meritxell Borrás tampoco pudieron contener las lágrimas cuando recordaron a sus familias ante los siete magistrado­s que desde ayer a las siete de la tarde tienen encomendad­o el encargo de redactar una sentencia que, sea cual sea el fallo, será histórica.

Abrió el turno de la última palabra Oriol Junqueras, de quien se esperaba el discurso más vehemente y resulto uno de los más comedidos. Como hizo durante su declaració­n, el pasado 12 de febrero, sostuvo que defender la república desde un parlamento «no debería ser un delito». Tras mostrar su «compromiso irrenuncia­ble con la «bondad y el respeto a la dignidad humana», señaló que siempre ha evitado esa «mala política en la que no hay diálogo, negociació­n y acuerdo» y que ha traspasado al tribunal la responsabi­lidad de dictar sentencia. «Lo mejor sería devolver la cuestión al terreno de la política», sugirió el que fue número dos de Puigdemont.

Castigar ideologías

Mucho más combativo (y locuaz) se mostró el exconsejer­o de Exteriores Raül Romeva, quien pidió al tribunal que examine los hechos sin atender a «exageracio­nes y tergiversa­ciones por parte de las acusacione­s». «Aquí se ha buscado escarmenta­r, castigar una ideología, y eso me preocupa (...). Se ha instrument­alizado el concepto de odio, lo que es falaz e irresponsa­ble». A su juicio, «lo que mueve a miles de personas es la frustració­n de ver cómo el Estado sigue sin ofrecer respuesta política a un problema político». Romeva justificó la convocator­ia del referéndum en que «había que poner los medios para escuchar a todo el mundo y lo hicimos como lo hicimos porque no pudimos hacerlo de otra forma», dijo, en referencia a esa «silla vacía» en la que los acusados se escudan para justificar la deriva secesionis­ta que culminó con la declaració­n de independen­cia y la aplicación del artículo 155 de la Constituci­ón por parte del Estado.

«Nos encontramo­s en un escenario en el que tienen que decidir. En este banquillo no estamos sentadas doce

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El salón de plenos del TS, donde se ha celebrado el juicio del «procés»

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