Cataluña e Islas Baleares se suman a las comunidades con más exclusión
▶El precio de la vivienda desplaza el eje de la pobreza y pone al borde del abismo a seis millones de españoles de clase media
La crisis económica ha tenido muchas consecuencias negativas en la sociedad española, como la precarización del empleo o un elevado porcentaje de la población que todavía se encuentra en situación de exclusión (18,4%). Sin em
bargo, uno de los fenómenos sociales más novedosos que nos ha dejado la recesión es la nueva configuración territorial de la exclusión. El tradicional eje norte-sur de la pobreza se ha extendido por primera vez hacia el Mediterráneo, incorporando a Cataluña e Islas Baleares entre las comunidades donde la exclusión social es más elevada.
Esta es una de las conclusiones más sorprendentes del VIII Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, presentado ayer por Cáritas Española. Se trata del primer trabajo de investigación que analiza la realidad social de nuestro país tras la salida de la crisis económica. El estudio es el resultado de una macro encuesta realizada a más de 11.600 hogares de todas las comunidades autónomas y cuyos datos han sido analizados por más de 130 investigadores de 43 universidades y organizaciones españolas.
Según este informe, la población en situación de exclusión en Cataluña es del 19,3%, mientras que en Baleares sube hasta el 21,5%. Ambas comunidades se suman así a las regiones donde la población en riesgo de exclusión supera la media española, como Canarias (29%), Extremadura (23,2%), Andalucía (18,6%), Murcia, (18,5%) y Valencia (20,3%). Solo Castilla-La Mancha –una comunidad autónoma tradicionalmente alineada en el eje sur– se ubica ahora más cerca de una situación intermedia. Esta nueva configuración territorial de la exclusión ya fue advertida por la Fundación Foessa en 2013, pero ahora sus investigadores han conseguido confirmar ese dato a través de este nuevo estudio.
Para llegar a esta conclusión el informe no solo tiene en cuenta los ingresos de las familias o sus carencias materiales (no poder pagar los servicios de la vivienda o la calefacción) sino también otros indicadores como la ausencia de lazos (soledad), relaciones sociales conflictivas o el acceso a derechos básicos como el empleo, la vivienda, la educación o la participación política.
«Uno de los factores que más están influyendo en la incorporación del eje Mediterráneo es la exclusión residencial. Esto se aprecia mucho en Baleares y en la gente que va a trabajar allí y no encuentra piso o en los problemas de vivienda que hay en torno a la ciudad de Barcelona», indicó ayer Guillermo Fernández, coordinador del informe.
Para este sociólogo, este fenómeno también responde a «las características de las comunidades ricas o con muchos recursos como Baleares y Cataluña y que tienen, sin embargo, graves problemas de exclusión». Pese a que los detalles de este estudio por comunidades autónomas serán presentados en los próximos meses, Fernández subrayó ayer que los factores que aumentan la exclusión pueden ser muchos y muy variados y no necesariamente «tienen que estar vinculados a un factor político determinado», como es el proceso soberanista en Cataluña. La recuperación económica además no ha conseguido acortar la brecha entre ricos y pobres. Once años después del comienzo de la crisis y cinco años después del fin de la recesión, la pobreza extrema afecta al 8,8% de la población, mientras que otro 9,6% sufre exclusión moderada. En suma, se trata de más de 8,5 millones de personas (18,4% de la población) que padecen la falta de empleo o de vivienda, que no tienen capacidad de consumo, acusan cierto aislamiento social o no pueden hacer frente al tratamiento o la medicación en caso de una enfermedad. La cifra supone 1,2 millones de personas más que en 2007 y en el 80% de los casos, las personas excluidas son ciudadanos españoles.