Caraballo seguirá investigado y se aleja de la Diputación
▶ La Audiencia de Huelva ordena seguir con el caso de presunto soborno en Aljaraque
El soborno de Aljaraque, el supuesto intento de compra de dos concejales de la formación morada en el municipio onubense para frenar la moción de censura en diciembre 2016 para desbancar —de la mano del PP— al gobierno del PSOE, va a continuar bajo investigación judicial y seguirá los trámites del tribunal.
Los argumentos legales esgrimidos por los cinco investigados en la causa, entre los que se encuentra el secretario general del PSOE de Huelva y presidente en funciones de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, para parar el procedimiento —en un intento de encaminarlo hacia el archivo— han sido desechados por la Audiencia Provincial de Huelva. Después de tres meses de estudio y debate, el órgano judicial anunciaba ayer que desestima los recursos de las defensas contra la incoación del procedimiento del Tribunal del Jurado, confirmando así —de forma íntegra— la posición de la titular del Instrucción 1 de Huelva, María José Fernández, responsable de la investigación.
En el auto, al que tuvo acceso ABC, la Audiencia ordena continuar el camino marcado por la instructora, en tanto que los delitos que se atribuyen a los investigados, cohecho y tráfico de influencias, son competencia del tribunal del jurado, al tiempo que destaca que la investigación «no está agotada».
En el caso de Caraballo, cuyo representante legal alegó «insuficiencia de razones» para mantener al dirigente socialista en la causa, el auto indica que en el actual momento procesal, resulta necesario continuar el procedimiento «para concretar o descartar una intervención penalmente relevante» del presidente en funciones de la Diputación.
Confirmado el auto de la instructora, se dará a partir de ahora inicio al procedimiento del jurado, con señalamiento de fecha para una comparecencia en la que se concretarán imputaciones en cada caso, y las partes (acusaciones y defensas) podrán pedir nuevas diligencias.
En una fase posterior, cuando se abra juicio, será momento en el que el dirigente socialista, en caso de seguir investigado en el procedimiento, deberá dimitir según marcan el código ético del Partido Socialista.
A las puertas de la constitución de los ayuntamientos y, seguidamente de la Diputación, desde el PSOE de Huelva se eludió ayer hacer valoración de la situación procesal de su máximo responsable. Hace apenas una semana, Caraballo se postuló de nuevo para presidir el órgano provincial, en un cambio de posición después de haber afirmado que se encontraba en fase de decisión por motivos personales y de que el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar hubiera dado un paso al frente. Junto al presidente de la Diputación, figuran como investigados los dos concejales de la formación, Pedro Escalante y Francisco Martín; José Luis Rodríguez, representante de CCOO, y J.M.M.R., director de Recursos Humanos de Aguas de Huelva.
Uno de los elementos clave que han llevado a la instructora a mantener los cargos contra el dirigente del PSOE es un informe -que consta en las actuacionessobre el tráfico telefónico entre los implicados, que recoge tres llamadas entre Caraballo y el dirigente de CCOO, al que el denunciante del presunto soborno sitúa como mediador enviado por el secretario general del PSOE a la reunión en la que se ofreció una concejalía a un edil y un puesto de trabajo en la empresa de Aguas de Huelva para la mujer del segundo concejal de Sí Se Puede Aljaraque.
El secretario general del PSOE de Huelva y presidente de la Diputación seguirá investigado por soborno