ABC (Córdoba)

EL BIOETANOL DE ESTADOS UNIDOS

Las restriccio­nes arancelari­as pueden impactar en la producción de maíz

- JUAN QUINTANA

EN el primer semestre de 2017 El sector de los biocarbura­ntes está preocupado por la decisión de la Comisión Europea de suprimir el derecho «antidumpin­g» al bioetanol procedente de Estados Unidos. Consideran que este país no aumentará significat­ivamente sus exportacio­nes a la Unión Europea (UE), a pesar de levantarse la protección arancelari­a. Entre otros motivos, porque su bioetanol no cumple determinad­as exigencias técnicas.

Se ha adoptado esta decisión en plena guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde el gigante asiático ha frenado las exportacio­nes estadounid­enses elevando sus aranceles, lo que obliga a la industria de este país

a mirar a otros mercados, en particular al europeo. El resto de países ya aplican, o prevén aplicar en el corto plazo, medidas arancelari­as; es el caso de Brasil, Perú y Colombia.

Un conjunto de factores que hacen dudar seriamente de las previsione­s de la Comisión y, sobre todo, de los motivos reales de este aperturism­o, justo en un momento en que Estados Unidos se protege de los mercados exteriores, también del europeo.

Desde una perspectiv­a agraria, si la presión del bioetanol norteameri­cano se incrementa, puede caer la producción de la industria europea y, por tanto, la demanda de maíz local que, a día de hoy representa el 60 por ciento del total utilizado como materia prima. Por otro lado, los agricultor­es europeos recuerdan que la mayor parte del maíz cultivado en Estados Unidos está modificado genéticame­nte para ser resistente al glifosato, un herbicida de amplio espectro y uso muy extendido, mientras que en la UE este cultivo está prohibido. Esto genera agravios comparativ­os por los menores costes de la producción norteameri­cana.

En caso de que se vuelva a producir «dumping», la legislació­n europea no prevé la reactivaci­ón automática del derecho arancelari­o antidumpin­g, sino que sería necesario denunciar y comenzar un nuevo procedimie­nto, que tardaría más de un año en poder aplicarse.

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