Cómo desenchufar la administración
El Ejecutivo andaluz que lideran el PP y Ciudadanos ha centrado hasta ahora su objetivo en cerrar entidades «superfluos» que el PSOE ha ido creando en los últimos 37 años de monopolio del poder en Andalucía. Pero ese proceso de adelgazamiento no se ha traducido en despidos. Defiende que ha desmantelado 101 organismos públicos, de los cuales eran 82 antiguas unidades territoriales de empleo, cuyo proceso de extinción inició el Gobierno del PSOE en
2010. Desde enero sólo ha prescindido del investigador y exministro Bernat Soria y del director del Centro Cabimer, Shomi Bhattacharya. El primero por ocultar sus negocios privados y el segundo, por permitir que un subordinado cobrara sin trabajar.
Para la nueva Junta, éstos son casos aislados y descarta «despidos ideológicos», porque considera que hay muchas personas que realizan funciones «valiosas» en la tupida «red paralela». El acuerdo suscrito con Vox el pasado viernes, que propició que el partido de Santiago Abascal levantara en el último minuto su veto a las primeras cuentas del Gobierno del PP y Ciudadano, va en esa línea. De hecho, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), negó que el pacto
abra la puerta a despidos en la «administración paralela» de la Junta: «Hablamos de racionalización, de poner las cosas en su sitio, de redimensionar el sector público, de eliminar trabas y duplicidades», matizaba el viernes.
En su punto 18, el acuerdo con Vox apuesta por «integrar sus habilidades profesionales para agilizar la tramitación de los procedimientos administrativos desarrollados en las diferentes consejerías». En paralelo, compromete al bipartito a contratar auditorías privadas para abordar «la reducción o reorganización de funciones de dichos entes o del personal asignado a los mismos».
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), mayoritario en la administración general, está indignado. En un comunicado remitido a ABC, asegura que el acuerdo firmado por el PP, Cs y Vox «santifica el enchufismo». «No es cierto que se esté desmantelando la administración paralela, podrán engañar a los ciudadanos, pero no a los funcionarios de la Junta: miles de “enchufados” cambiarán de centro de trabajo, convertidos dichos centros en “entes de acogida”», alega.
Desde SAF instan al Ejecutivo a apostar por los funcionarios y «no desvivirse por los “subrogados enchufados”». Asegura que estarán vigilantes y que «no les va a temblar el pulso para acudir a la Fiscalía o al Juzgado» si este personal «usurpa potestades públicas».
Punto 18
El acuerdo con Vox prevé asignar tareas administrativas al personal de entes instrumentales