El parón político frustra medidas urgentes para la economía española
▶La interinidad del Gobierno impide repartir 6.500 millones a las regiones, cumplir los objetivos de déficit y frenar el desequilibrio presupuestario
La economía enfrenta, por segunda vez en tres años, un Gobierno en funciones que comienza a durar más de lo debido. El Ejecutivo busca que, tras salvar la formación de ejecutivos locales y, posteriormente, regionales, se despeje el camino para formar Gobierno, pero los plazos cada vez se dilatan más. Mientras tanto, se agolpan una retahíla de medidas urgentes que llevan meses esperando el visto bueno. Entre ellas, el reparto de 6.500 millones de euros en entregas a cuenta a comunidades autónomas –que han hecho sus presupuestos en base a estos recursos–, la aprobación de los mimbres para los Presupuestos del Estado de 2020 y la intriga de si la subida salarial del 0,25% a los funcionarios podrá llegar en la nómina de julio, como aseguró la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
Junto a ello, la imposibilidad de que un Ejecutivo en funciones pueda aprobar proyectos de ley provoca que la creación de la «tasa Google» a los servicios digitales, de la «tasa Tobin» a las transacciones financieras, y la subida fiscal al diésel tampoco terminen de entrar en vigor. Julio parece ser el mes en el que se acabará formando Gobierno, aunque la duda es si será recién empezado el verano o al borde de agosto. La economía aguarda.
frutar del aumento recaudatorio. La diferencia es de 6.500 millones de euros. Si bien el ministerio que dirigía Cristóbal Montoro ya amagó hace un año con aprobar por decreto los nuevos recursos a las regiones ante la falta de apoyos para las cuentas, el departamento de María Jesús Montero se ha encontrado con que jurídicamente no puede hacerlo por decreto-ley, ya que hay dudas desde la Abogacía del Estado.
Hacienda trató incluso de aprobar las entregas a cuenta en dos tiempos: primero, con las entregas «per se» y, luego, los 2.500 millones restantes de la recaudación de IVA por el mes que faltaba por repartir debido a la implementación en 2017 del Sistema de Información Inmediata (SII), que quitaba un mes de ingresos a las regiones. En 1996 ya se aprobó por decreto-ley, pero aún así las dudas jurídicas persisten , por lo que debe aprobarlo como proyecto de ley. «Lo importante es que haya una normalidad en el Gobierno, que esté a pleno rendimiento para poder tramitar propuestas normativas que puedan superar a esta situación», señaló la propia Montero hace unos días, condicionando así la aprobación de las entregas a que se forme el Ejecutivo.
La plana mayor de las comunidades está interesadas en estos recursos, ya que todas han diseñado sus presupuestos contando con estos ingresos, por lo que si finalmente no entran en vigor este año, se quedarían sin estos recursos hasta 2021, ya que el sistema de financiación reparte los ingresos previstos y liquida a dos años vista. María Jesús Montero, en su etapa como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, vio cómo le ocurría esto al otro lado en dos prórrogas con Montoro: en 2017 y en 2018.
Se debe reunir para la liquidación de 2017
La parálisis política no solo afecta al Estado, sino que también salpica a las comunidades autónomas, embarcadas en la tarea de formar sus propios gobiernos. Hasta entonces no habrá consejeros de Hacienda regionales en doce de las comunidades, lo que supone un obstáculo para la convocatoria del Consejo de Política Fiscal para aprobar la liquidación de 2017 y comunicar las entregas a cuenta posteriores además de someter a votación los nuevos objetivos de déficit. Desde agosto de 2018 no se reúne este órgano.
Sin objetivos de déficit ni techo de gasto
El siguiente capítulo que permanece en barbecho es el que pondrá inicio a la tramitación de los Presupuestos. Para empezar, el Ejecutivo no puede aprobar el primer paso para las cuentas, los nuevos objetivos de déficit, que para este año será del 2% del PIB –frente al 1,3% previo–, como reflejó en el Programa de Estabilidad. Antes de ello debe reunir a las comunidades autónomas y corporaciones locales para aprobar las metas por administraciones. La Ley de Estabilidad recoge que el Gobierno debe aprobar el techo de gasto y la senda de déficit previo acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades autónomas antes de que acabe junio. Sin embargo, tanto la formación del Ejecutivo central como el de las regiones tras los comicios pueden retrasar este trámite más allá de cuando establece la norma. Pero tanto, la aprobación del límite de gasto no financiero como el de las metas de estabilidad requiere que el Ejecutivo no esté en funciones.
La subida al diésel no entrará en 2019