Torra reduce su «reiterada» desobediencia a «tres palabras en una pancarta»

▶Su defensa se aferra ante el Supremo a la falta de competencia de la Junta Electoral y de independencia judicial, y a la persecución a una «minoría nacional»

dice, se ha seguido todo este asunto. Alegó que los vocales de la JEC que dieron la orden no eran independientes –los denunció sin éxito por prevaricación–, como tampoco los magistrados del TSJC que dictaron la sentencia.

«La minoría»

Habló también de «trato distinto» de su defendido en comparación con otros políticos sancionados en materia electoral, como el presidente Pedro Sánchez y la que fue su portavoz, Isabel Celaá, pero no sólo. «Hemos buscado distintas interpretaciones para ese trato distinto y sólo se nos ha ocurrido una en base al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea: que se trate de una minoría nacional», llegó a decir. Él, recordó, «ni siquiera participaba en el proceso electoral».

Para sostener que esas tres palabras en una pancarta formaban parte del discurso político de Torra y, por tanto, deberían estar blindadas por su inviolabilidad parlamentaria puso a su cliente en el mismo plano que a la exportavoz parlamentaria del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo hasta el punto de decir que ambos son «nacidos fuera de España», aunque Torra es de un pueblo de Gerona. La tesis, que mientras a ella «no le pasó nada» por decir dentro y fuera de la Cámara que el padre de Pablo Iglesias fue de un grupo terrorista, Torra, «por tres palabras» equiparables a su juicio a la libertad de llevar una insignia en la solapa, podía perder el cargo público.

Antes ya había apuntado que se trataba de una «crítica incluso feroz» cuyos «destinatarios» eran los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la misma de la que ahora depende que se confirme la inhabilitación, por la sentencia del «procés». Intentó recusarles. En esta línea, cobra relevancia una de las claves de su defensa: «Una pancarta no es un acto administrativo, es un acto político» y, en su opinión, el TSJC lo ha reconocido al condenar precisamente a Torra a estar fuera de la política. Este argumento fue rebatido por la acusación popular que ejerce Vox de forma tajante: «Si es un acto político, está infringiendo el principio de neutralidad que debe regir en todos los cargos públicos en periodo electoral», es decir, procede la condena.

La Fiscalía, representada por Pilar Fernández Valcarce, insistió en este asunto: «No es una actividad política, sino una actividad administrativa en un marco de actuación político» y «al final, se enmarca en un proceso electoral de toda la comunidad autónoma», que no tiene ninguna competencia en materia de elecciones. Pidió, en primer lugar, que el recurso de casación se inadmitiera de plano sin entrar en el fondo;

«Una pancarta es un acto político, no un acto administrativo», defendió el letrado de Torra

«Es una actividad administrativa en un marco de actuación político», replicó la fiscal

nados en el juicio del «procés» que se desarrolló el año pasado en el mismo escenario.

Lo que intentó ayer Torra fue reproducir la estrategia teorizada por el letrado francés Jacques Vergès, defensor de Carlos «el Chacal», Klaus Barbie y Milosevic, más conocido por «El abogado del diablo». Vergès, fallecido en 2013, escribió un libro titulado «De la stratégie judiciare», publicado en 1968.

Vergès, que se ganó una polémica fama al representar a una terrorista argelina que había cometido varios atentados, sostenía que hay dos tipos de defensas: la que acepta previamente la legitimidad del tribunal, como ejemplificó ayer Boye, y la que aprovecha el proceso para desacreditar a la Justicia y cuestionar los fundamentos del Estado. Esta fue la forma de proceder de Torra.

El abogado francés apuntaba en su libro que la composición de un tribunal siempre expresa unas relaciones de poder y que, por ello, cualquier juicio es una oportunidad única para cuestionar el sistema. Esta concepción la llevó al extremo al defender a Barbie, responsable de crímenes en el Holocausto. Pidió su absolución porque, según su argumentación, el dirigente nazi se limitó a cumplir las leyes vigentes en el Reich.

Naturalmente Torra nada tiene que ver con esas prácticas criminales, pero sus manifestaciones obedecen a la misma lógica que la de Vergès. Se coloca por encima de la ley, justifica su desobediencia por un mandato político y niega la autoridad al Supremo y la Junta Electoral Central para sancionarle porque estaba ejerciendo un derecho.

En suma, se puede desobedecer a un juez y torcer la legalidad constitucional si se tiene el suficiente apoyo en las urnas. La voluntad del pueblo legitima para cualquier acción al caudillo, Carl Schmitt dixit. ¿No era ése también el discurso de Hitler?.