Un nuevo centro en Almería
nicos de aquellas personas cuya libre circulación pudiera suponer un peligro para la salud pública.
Hasta principios del mes de mayo, los adultos sin síntomas eran alojados en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) dependientes del Ministerio del Interior, donde podían aislarse durante dos semanas y ser sometidos a pruebas. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez cerró el único CIE de Andalucía, ubicado en Algeciras, a los 53 días de declarar el estado de alarma por la pandemia, que se encuentra en obras desde entonces. Justificó su clausura por el cierre de fronteras.
La ley permite mantenerlos en los CIE hasta 60 días y, si en este plazo no han sido devueltos, deben quedar en libertad. Debido a la pandemia, era imposible el retorno a sus países de origen.
Sin centros de internamiento estatales donde alojar a estos inmigrantes, la Junta tuvo que habilitar albergues
La decisión del Gobierno de vaciar las instalaciones policiales de carácter no penitenciario diseñadas para la expulsión del territorio nacional está desbordando los limitados recursos de la Junta. En lo que va de año han arribado en torno a 6.000 inmigrantes a las costas andaluzas. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, anunció el pasado viernes que va a abrir otro centro de acogida en Almería para los extranjeros que llegan en pateras con Covid-19 y para sus acompañantes en un albergue de Inturjoven, con la finalidad de evitar el colapso de las instalaciones que cumplen esta función en la provincia de Granada. e instalaciones para preservar el aislamiento temporal tanto de los positivos como de los contactos directos de los mismos.
Sin centros estatales
En aras de salvaguardar la salud pública de la ciudadanía, no podía abandonarlos a su suerte. En el caso de los once inmigrantes rescatados en el Mar de Alborán, que mantuvieron contacto con un positivo, la delegación territorial de la Junta planteó su aislamiento forzoso «de modo puntual, temporal, excepcional y por razones de salud pública y humanitarias» hasta que el Gobierno de España, dentro de sus competencias, designe un recurso habitacional adecuado para su aislamiento. Dado que Interior ha clausurado sus alojamientos, la alternativa pasa por recluirlos en espacios gestionados por la Junta bajo la custodia policial. Esta vigilancia no siempre ha funcionado y los recluidos a menudo se escapan de estos centros.