«Me discriminaron por poner en peligro mi vida para salvar otras»
Una clínica estética de Barcelona niega un tratamiento a una enfermera por tener contacto con pacientes con Covid
Estuvo en la primera línea de fuego durante el azote de la pandemia y desde entonces no se ha movido de las trincheras del hospital Vall d’Hebron de Barcelona, asistiendo a pacientes con Covid19. S. A. (prefiere dar iniciales), enfermera de este hospital barcelonés, referente en Cataluña en la respuesta asistencial a la Covid-19, ha interpuesto una denuncia administrativa por haber sido discriminada en un centro de estética en el que se negaron a realizarle un tratamiento que tenía concertado simplemente por estar en contacto con enfermos de Covid. No es el primer caso de discriminación a sanitarios por el estigma del SARS-CoV-2, aunque ella ha decidido elevar su voz para que no haya más víctimas.
En la otra cara de la moneda está la propietaria del establecimiento denunciado. La empresaria reconoce a ABC los hechos y arguye que «era la única forma de preservar a sus trabajadores y clientas, algunas de edad avanzada», ante la falta de directrices claras de las autoridades competentes.
Técnicos del departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat vinculan la denuncia a un posible caso de vulneración del derecho de admisión y aconsejan a la afectada emprender una denuncia por la vía administrativa como primer paso hacia una posible amonestación para el establecimiento: «Los centros de estética tienen requisitos de admisión que deben cumplir los clientes pero éstos en ningún caso pueden ser discriminatorios». Como en el caso denunciado.
S. A. es una de los muchos sanitarios a los que durante los meses más duros de confinamiento iban dirigidos los aplausos de las 20 h. Como la mayoría de ellos, los aceptó con humildad. «No era necesario. Era nuestra obligación», señala a ABC. Lo que nunca llegó a imaginar esta profesional sanitaria es que algún día sería discriminada precisamente por su trabajo.
El pasado 9 de septiembre Silvia acudió puntualmente a su cita en un centro de estética del centro de Barcelona (prefiere no citar su nombre) para realizarse un tratamiento. Tuvo que esperar meses para que le dieran cita porque, según explica, «la lista de espera era muy larga» y «las posibilidades que tenía de abandonar mi puesto eran pocas». Al llegar allí le hicieron rellenar varios cuestionarios, uno de ellos con una serie de preguntas protocolarias relacionadas con la pandemia. La última fue la que desencadenó el problema: «¿Has estado en contacto con algún afectado de Covid-19?». Su respuesta, obviamente, fue afirmativa y, según relata, «ahí empezó todo».
Jarro de agua fría
La empleada de recepción que le había asesorado para rellenar los documentos le indicó que esperara y fue a avisar al encargado. En unos minutos, él y otros empleados del establecimiento le comunicaron que no le realizaban el tratamiento, por el que había ya adelantado una paga y señal de 100 euros. La razón que arguyeron es que «había estado en contacto con pacientes infectados». «No puedo poner en riesgo a mis trabajadores y a mis clientes. No puedo permitirme el lujo de cerrar mi empresa», le precisó la encargada. «Sentí como un jarro de agua fría. No podía creer lo que me estaba ocurriendo. Me estaban discriminando por poner en riesgo mi vida para salvar otras», dice la enfermera indignada. Aún consternada por el impacto de la noticia, intentó reclamar su derecho fundamental a no ser discriminada estando sana.
Alegó que todos los test que le habían realizado en el hospital habían dado siempre negativo y que nunca había estado infectada. Su enfado crecía ante la inflexibilidad del establecimiento que se escudaba simplemente en que tenía «reservado el derecho de admisión». «La ley obliga a no discriminar incluso a las personas afectadas por alguna enfermedad vírica con carga activa como la hepatitis o el VIH, y a mí que estoy sana me estaban negando un derecho y discriminándome
«La ley obliga a no discriminar a personas con infecciones como el VIH o la hepatitis»
«No puedo poner en riesgo a mis trabajadores y a mis clientes. No puedo permitirme el lujo de cerrar mi empresa»
abiertamente», denuncia Silvia, que rompió a llorar de impotencia.
Tras un rifirafe dialéctico con los responsables del centro logró que le devolvieran la cantidad que adelantó por el tratamiento y salió del establecimiento «consternada»: «No entendía nada. Fue al pasar unos minutos y tras consultar lo que me había ocurrido con mi supervisor del hospital cuando me decidí a denunciar». Acudió a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), organismo que depende del Ayuntamiento, ante la que interpuso una denuncia. «Lo hago para que otras personas en mi situación no se encuentren con este problema y para que no se abra la veda. No puede ser que seamos discriminados por arriesgar nuestras vidas en la lucha contra la pandemia. Es injusto y creo que también ilegal». La OMIC está tramitando su denuncia.
Posponer el tratamiento
La responsable del centro de estética en el que le negaron el tratamiento reconoce los hechos y arguye sus razones. Asegura que lo hizo para proteger a sus trabajadores y también a los clientes de mayor edad. «No sabemos qué hacer y no hemos recibido ningún tipo de formación. Solo sé que aquí vienen personas vulnerables, algunas de más de 80 años y no puedo, por responsabilidad, ponerlas en riesgo», dice V. P.
Atiende a este diario compungida. Respecto al caso en concreto de la denuncia, se reafirma en su decisión pero asegura que le ofreció amablemente posponer el tratamiento cuando acabe la pandemia. «Solo le pedimos eso, que esperara porque estar cada día en contacto con pacientes con Covid, para mi humilde entender es una situación de riesgo que no puedo permitirme. Ayer mismo sí tratamos a otra enfermera que no trata con enfermos de Covid», asegura la empresaria, que se siente también víctima de los efectos de la pandemia. «Somos también víctimas. Lo único que pretendo es salvar mi negocio y garantizar seguridad a mis clientes», indica a ABC.
El Sindicato de Enfermería (SATSE) asegura que si bien estos casos de discriminación hacia el personal sanitario son «aislados» siguen produciéndose «muchas situaciones incómodas» en la vida diaria de estos profesionales «motivadas por el miedo y el desconcierto» que genera la pandemia. «Siempre hay algún compañero que tiene muchos problemas para encontrar alguien para que les cuide los hijos o para hacer la limpieza en casa por dedicarse a esta profesión. Pero al final pasa lo mismo que con las agresiones, solo se denuncian una de cada diez», comenta a este periódico la portavoz de Satse, María José García. Para esta enfermera, estos «gestos de rechazo» de parte de la sociedad terminan «resurgiendo con el aumento de casos» y «generan mucha pena y tristeza» en el personal sanitario «que lo está dando todo para cuidar a los enfermos».