El riesgo de repetir errores del Plan E sobrevuela los fondos de la UE
▶Las dudas sobre la evaluación futura de los proyectos se suma a la insuficiente ejecución de los recursos del marco financiero anterior
España gestionará en los próximos seis años un imponente dinero de fondos europeos destinados a modernizar la economía en un esfuerzo de gestión que requerirá un trabajo colosal de la Administración, pero que amenaza con repetir errores del pasado. La evaluación de los proyectos que se financien con los fondos europeos es una de las grandes incógnitas de los planes del Gobierno. La Autoridad Fiscal preveía crear una División de Evaluación que pudiera examinar los proyectos más ambiciosos pero, ante los recursos limitados con los que cuenta, ve «imposible» inspeccionarlos todos. A ello se le suma la insuficiente ejecución de los fondos que corresponden a España del Mecanismo Financiero Plurianual 2014-2020: España es el país que menos ha ejecutado, con un 43%, aunque tiene hasta 2023 para gastar.
Según el reglamento europeo sobre el Mecanismo de Resiliencia y Recuperación, España debe incluir en su plan de reformas y proyectos una explicación del modelo para prevenir, detectar y corregir casos de corrupción y conflictos de intereses y fraude en el uso de los fondos. Por el momento, el decreto 36/2020 agiliza los trámites y reduce ciertas gestiones de control para acelerar los proyectos, por lo que es una incógnita cuál será la evaluación, antes y después de su implantación.
El caso de la formación
«El problema es que el decreto ha agilizado los trámites, pero también habrá que refozar los controles, porque la historia de las subvenciones en este país ya la conocemos, con casos como las ayudas a la formación. Con una parte de fraude, pero también con una parte de cambios de criterios que han generado una elevada litigiosidad en los tribunales, con reclamaciones millonarias», reflexiona el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich.
En su informe sobre el borrador del decreto, el Consejo de Estado consideró que faltaban mecanismos de control y resaltaba su eliminación en aspectos como la contratación administrativa, los convenios y las subvenciones. El Gobierno atendió algunas de estas sugerencias, pero también obvió otras como no pedir controles económico financieros y autorizaciones de Hacienda a convenios con financiación menor a seis millones de euros.
No se sabe qué van a hacer
«Esto agrava el peligro de que los proyectos no tengan mucho sentido, como ocurrió en el pasado. Es difícil valorar todo esto porque no se sabe lo que están haciendo y van a hacer», señala el director de Fedea, Ángel de la Fuente, quien añade que «más allá del control contable, la Intervención General de la Administración del Estado no está para esto. Tampoco la Airef. Debería haber una institución para ello».
La Agencia Estatal para la Evaluación de las Políticas Públicas (Aeval) nació en 2007 pero su dependencia del Ministerio de Presidencia contribuyó a su posterior desaparición en 2017. De hecho, el Plan E se desarrolló bajo su mandato. «La Aeval no estaba en proceso de hacer evaluaciones ex ante, las hacía a posteriori», recuerda De la Fuente.
Ello resucita los fantasmas de los errores cometidos por planes de estímulo fiscal anteriores. El más cercano fue el llamado Plan E, que lanzó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al inicio de la crisis financiera auspiciado por la comunidad internacional para impulsar la creación de empleo con 13.000 millones en inversión pública.
El objetivo era «crear puestos de trabajo», en palabras del Gobierno de entonces, para lo que canalizó este volumen de recursos a ayuntamientos en 2009 y 2010. Según el Tribunal de Cuentas, el 70% de los proyectos no demostraron ser inversiones de necesidad pública en los municipios que los acometieron.
El propio órgano de control constató años más tarde que se crearon
El Gobierno descartó hacer competir a las regiones para premiar a las que mejor ejecuten
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