LÍO DEL CGPJ, TODOS CULPABLES

EDITORIALES El PSOE politizó la Justicia en 1985 mediante una reforma legal, pero el PP en 2013 con mayoría absoluta incumplió su programa electoral al renunciar a corregir el modelo

E LGobierno, a través del ministro de Presidencia, dinamitó ayer cualquier opción de lograr un acuerdo con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que acaba de cumplir mil días en prórroga. Las tesis del PSOE y del PP, los únicos partidos que cumplen con el requisito de reunir las tres quintas partes necesarias del Congreso para pactar la renovación, parecen irreconducibles, y la crisis institucional se está agudizando de un modo inédito en nuestro periodo democrático. El PP se niega a negociar nada mientras Pedro Sánchez no acate las recomendaciones de la Unión Europea de que una parte esencial –la de los llamados vocales judiciales– sea elegida por los propios jueces en lugar de por los partidos. La primera ley del poder judicial, de 1981, atribuía a los jueces la designación de doce de los veinte vocales de su órgano de gobierno. Esta es la fórmula que siempre ha defendido ABC al parecer la más idónea y equilibrada para mantener la independencia jucicial. Pero en 1985, el Gobierno de Felipe González modificó el sistema de nombramiento para que el Congreso, los partidos en definitiva, asumiesen todos los nombramientos con el debido consenso constitucional, pero dejando a las asociaciones de magistrados prácticamente al margen. En aquel momento se hizo famosa la frase pronunciada por Alfonso Guerra de que «Montesquieu ha muerto».

La reivindicación del PP tiene hoy sentido porque si el objetivo deseable es despolitizar la Justicia, lo lógico sería retornar a un sistema en el que los propios jueces tengan voz y voto directo y automático sobre sus representantes. A su vez, el PSOE se niega con el burdo argumento, entre ideológico y clasista, de que la judicatura es mayoritariamente conservadora por ADN, y por tanto la izquierda jamás podría tener el control del poder judicial. Y en estos términos, la negociación permanece encallada, sin visos de resolución, incumpliendo un mandato constitucional y abonando el desprestigio.

Pero si el PSOE es responsable de pervertir el modelo, el PP lo es de mantenerlo. En 2013 el Partido Popular, que por entonces gozaba de mayoría absoluta con Mariano Rajoy en La Moncloa, aprobó una reforma de la ley orgánica del poder judicial en la que sorprendentemente renunciaba a su propio programa electoral y no modificaba el sistema de elección de vocales. En realidad, la elección permanecía en manos de la mayoría de turno del Congreso, en aquel momento muy mayoritaria del PP, y nada cambiaba: ni la percepción de pasteleo con los nombramientos, ni la certeza de que todo se seguiría basando en un cambio de cromos entre un partido y otro, ni los enjuagues políticos. El PP tuvo la ocasión perfecta para abordar de una manera definitiva la despolitización de la justicia, y no lo hizo. Se limitó a abordar una reducción de competencias del Consejo. Igual que lo hace hoy, ABC lo reflejó el 28 de junio de 2013 en un editorial: «El Partido Popular ha aprobado una reforma del poder judicial políticamente difícil de explicar, que mantiene sometida la designación de los doce vocales del CGPJ a los pactos partidistas y complica, más de lo que ya está, la vida de este órgano». «Lo que se esperaba del PP, que hizo de la despolitización de la Justicia santo y seña de su proyecto para la democracia española, era otra cosa muy distinta», añadíamos. Hoy el PP de Pablo Casado vuelve a defender esta tesis. Bienvenido sea. Pero hace mucho tiempo que el PP debió resolver lo que el PSOE convirtió en un sistema viciado de arbitrariedad. De aquellos polvos, estos lodos.