La Policía contradice al Gobierno: el líder del Polisario iba indocumentado
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El líder del Frente Polisario, Brahim Gali, salió de España sin documentación oficial alguna. No portaba identificación. Ni DNI, ni pasaporte, lo que choca con la versión exculpatoria que en su día dio el Gobierno al verse comprometido, en abril, por la entrada furtiva de Gali en España para ser tratado durante semanas en un hospital público de Logroño, acogida que ha desencadenado una crisis con Marruecos.
Brahim Gali entró en España a través de la Base Aérea sin que se le pidiera la documentación. El caso acabó denunciado por un abogado, y un juez de Zaragoza, Rafael Lasala, abrió diligencias penales para investigar lo ocurrido y depurar posibles responsabilidades.
A requerimiento del juez, el general que estaba al mando de la Base reconoció que se saltaron el control de pasaportes siguiendo instrucciones de la cúpula del Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido en aquel momento por Arancha González Laya. A Gali se le facilitó la entrada en España de tapadillo, pese a estar incurso en dos causas penales, una de ellas por genocidio.
Cuando el caso se puso al descubierto, el Gobierno alegó que Gali portaba pasaporte diplomático y que, por deferencia a dicha condición, dispuso que no se le sometiera a los ordinarios controles de identificación en frontera al llegar a la Base de Zaragoza, el pasado 18 de abril. Aterrizó en un avión de la Presidencia de Argelia, en estado grave, y fue recogido por una ambulancia que lo trasladó al hospital público de Logroño, que depende del Ejecutivo riojano.
Sin embargo, aquella versión gubernamental del pasaporte diplomático choca ahora con un informe que la Policía Nacional ha enviado al juez zaragozano Rafael Lasala, que también lleva semanas recabando detalles sobre cómo salió Brahim Gali de España tras dejar el hospital logroñés.
Las diligencias del juez Lasala se han saldado, de momento, con la imputación de Camilo Villarino, que era director de gabinete de la ministra González Laya. Reconoció ante el juez que fue él quien dio las instrucciones a la cúpula del Ejército del Aire para que no pidieran la documentación a Gali cuando llegó a la Base de Zaragoza, lo que evitó que se registrara su entrada en España. Villarino lo admitió después de que el general que estaba al mando de la Base indicó por escrito
La versión del pasaporte diplomático de Gali que ha dado el Gobierno queda ahora en entredicho con este nuevo informe de la Policía Nacional. Lo ha emitido la jefatura Superior de Policía de Navarra, después de que la Guardia Civil desvelara semanas atrás que Gali salió de España por el aeropuerto de Pamplona sin ser sometido tampoco al control de pasaportes. La Policía amplía ahora los detalles, y lo hace de primera mano, porque cuando Gali partió de regreso a Argelia el pasado 2 de junio, estuvo acompañado por funcionarios de la Brigada de Extranjería. A diferencia de lo que ocurre para entrar en el país, la legislación permite salir voluntariamente de España a un ciudadano extranjero aunque vaya indocumentado.
Según la Policía, los agentes pidieron que se identificara tanto el líder del Polisario como las otras tres personas que le acompañaban, entre ellas su médico personal. Sus tres acompañantes aportaron sus identificaciones oficiales, pero Gali no exhibió ninguna. «Manifestó que no poseía documentación», indica este nuevo informe de la Policía Nacional.
El abogado que ejerce la acusación popular, Antonio Urdiales, considera que este dato es especialmente revelador para la investigación. A su juicio, apunta a que Gali se fue de España como entró, sin portar documentación reglada. «Si hubiera tenido pasaporte diplomático cuando aterrizó en Zaragoza, según sostienen fuentes gubernamentales, lo habría exhibido cuando se fue de España», explica Urdiales.
El enredo se multiplica si se tiene en cuenta que, cuando Gali ingresó en el hospital de Logroño, sí se aportó un supuesto pasaporte, al que se refirió también un primer informe emitido por la Policía desde La Rioja. Eso sí, en él Gali utilizaba otra identidad: Mohamed Benbatouche. La Policía ya mostró sus reservas sobre la autenticidad de esa documentación y, en aquel informe, hizo constar que se trataba de un «pasaporte no contrastado». El ‘caso Gali’ salpica también al Gobierno riojano de la socialista Concha Andreu.