Políticos que eligen a jueces
Sánchez habría preferido delegar en el Supremo la penosa tarea de absolver a los golpistas, a fin de ahorrarse el indulto
EXISTEN jueces sectarios, sobre todo en las altas instancias. La mayoría, no obstante, coloca la Ley y el honor por delante de la ideología, aunque el hacerlo suponga un perjuicio para sus carreras, lo cual ocurre a menudo porque en España el sectarismo es inherente a la política, que valora la obediencia a unas siglas mucho más que la capacidad y el mérito.
Desde que en 1985 el PSOE reformó la Ley del Poder Judicial para matar a Montesquieu, tal como proclamó un ufano Alfonso Guerra, la Justicia ha sido violentada por los dos grandes partidos, que no han dejado de intercambiar cromos con el propósito de colocar a sus respectivos afines en los puestos donde se dictan las sentencias decisivas. No todos ellos se han dejado manejar, por supuesto. Pero el mero hecho de que sean políticos los que eligen a los jueces llamados a resolver las cuestiones que les atañen constituye una grave perversión de la democracia. Una corrupción denunciada por la Unión Europea y contemplada desde 1978 en nuestra Constitución, cuyos garantes del TC avalaron, pese a sus reservas, la reforma del 85, precisamente porque quienes los habían nombrado para tan alta función eran los mismos que anhelaban controlar ese poder. Y así lo han hecho, desde entonces, fuese cual fuese el Gobierno.
Ahora el PP se ha plantado y rechaza el pasteleo. Ignoro cuáles han sido las razones que han llevado a Pablo Casado a cambiar de opinión, cuando ya estaba prácticamente acordada con los socialistas la composición del nuevo CGPJ, pero bienvenidas sean. Para medir hasta qué punto es acertada esta posición basta con analizar el monumental enfado que ha provocado en Moncloa, donde el ministro de la Presidencia ha sido el encargado de dar cauce a la rabieta. «En una democracia plena –ha proferido Félix Bolaños– ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos a los políticos, ya que son los ciudadanos quienes escogen a unos y otros». Sucede, sin embargo, que aquí los políticos son quienes lo copan todo, desde los sanedrines de partido donde tres o cuatro ‘aparatchik’ elaboran las listas electorales poniendo y quitando candidatos, lo que equivale de hecho a elegir al Legislativo, elegir al Ejecutivo y desde allí también elegir un Judicial al gusto de la mayoría. Nadie duda de que Pedro Sánchez habría preferido delegar en el Supremo la penosa tarea de absolver a los golpistas, a fin de ahorrarse un vergonzoso indulto. Su obsesión por dominar y someter a la judicatura constituye un indicio alarmante de lo que se propone hacer en el futuro, sin el corsé de unos jueces dispuestos a defender el Estado de Derecho. Por eso es obligación de cualquier ciudadano demócrata respaldar a esos togados que luchan por su independencia. Son el último bastión que resiste a la ofensiva liberticida de Frankenstein y sus socios.