Don Juan Carlos reprocha a la Fiscalía que le acuse sin pruebas
▶Su abogado denuncia que atribuirle el papel de «comisionista internacional» perjudica seriamente al anterior Rey ▶La Fiscalía General resta importancia a las imputaciones que ha hecho ante Suiza y recuerda que no son definitivas
Después de un año fuera de España, y cuando se cumplen dos desde que la Fiscalía abrió las primeras diligencias de investigación en Anticorrupción para investigar posibles mordidas por la adjudicación del AVE a la Meca, Juan Carlos I irrumpió ayer en escena para acusar al Ministerio Público de «conculcar de manera evidente» su presunción de inocencia con «valoraciones y consideraciones» que le «perjudican gravemente». El motivo, la última filtración sobre la comisión rogatoria que la Fiscalía del Tribunal Supremo envió en febrero a Suiza y, en la que para reclamar la atención de las autoridades helvéticas, el fiscal Juan Ignacio Campos alude al papel del anterior Rey como intermediario en negocios internacionales.
La trascendencia del contenido de esa petición de información y el hecho de que se trate de diligencias que todavía no han sido judicializadas, y, que, por tanto, son inaccesibles para su defensa, han provocado la reacción de Don Juan Carlos, que, a través de un comunicado, ha puesto en evidencia la actuación del órgano que dirige Dolores Delgado. Consciente del eco de la información –que ha servido a Unidas Podemos para pedir la cabeza del anterior Rey sin que ninguna de las investigaciones hayan pasado aún por las manos de un juez–, la Fiscalía General del Estado intentó ayer quitar importancia al asunto y enmarcó las imputaciones que en ese escrito se hacen a Don Juan Carlos –en las que se llega a hablar de cuatro delitos– en una formalidad requerida en el marco de la cooperación entre Estado.
Don Juan Carlos salió a defenserse a través de un comunicado difundido por su abogado, Javier Sánchez-Junco, quien desde 2020 (y sobre todo desde que se instaló en Abu Dabi) no solo lleva su defensa en las causas donde se le investiga, sino que también ejerce como su portavoz en España.
Sánchez-Junco realizó una serie de «puntualizaciones» sobre la información publicada por ‘El Mundo’ que se hacía eco de la comisión rogatoria cursada por la Fiscalía del Supremo a Suiza y en la que el Ministerio Público sostiene que Juan Carlos I habría amasado su fortuna a través del cobro de comisiones en negocios internacionales.
Estas informaciones –según el comunicado– se refieren, «al parecer», a una solicitud de Asistencia Judicial Internacional en materia penal «remitida a las autoridades suizas» hace casi siete meses, en febrero de este año 2021, por el fiscal instructor de las diligencias de investigación que se siguen en la Fiscalía del Tribunal Supremo.
«Dicha solicitud no es pública», resaltó Sánchez-Junco, por lo que, «salvo las autoridades destinatarias de la misma», ese documento «únicamente debería estar en conocimiento de la Fiscalía, cuyas actuaciones son reservadas, sin que nos conste hayan sido comunicadas a parte alguna». «En esa comunicación a las autoridades suizas –prosigue– se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio, sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice».
Sánchez-Junco termina su comunicado alegando que «tales afirmaciones conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano y se traslada a la opinión pública valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente a S. M. el Rey D. Juan Carlos, que está sometido a una investigación por parte de la Fiscalía desde hace más de un año».
No es un dictamen
Apenas dos horas antes de este comunicado, la Fiscalía General del Estado aclaraba en una nota de prensa que afirmaciones llevadas a cabo en esa solicitud de información a las autoridades helvéticas no suponen ningún dictamen, petición de procesamiento o conclusiones, sino que se enmarcan en la necesaria justificación de la información que se reclama.
«La Fiscalía del Tribunal Supremo ha remitido diferentes solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de distintos países, entre ellos Suiza, con el objeto de recabar la necesaria información y documentación que permita avanzar en dichas investigaciones. Es preciso recordar que la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición, respetando así las formalidades requeridas por la normativa en materia de cooperación internacional», señaló la Fiscalía General del Estado. Y aclaró: «Ello implica que no estamos ante un dicta
El abogado recuerda que la Fiscalía lleva más de un año investigando y que se atenta contra la presunción de inocencia de Juan Carlos I
Delgado intenta rebajar la tensión enmarcando las afirmaciones del fiscal en las «formalidades» de una comisión rogatoria
men, petición de procesamiento o conclusiones del Fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación».
El Ministerio Público puntualizaba que será precisamente el contenido de la respuesta que la autoridad requerida dé a la correspondiente comisión rogatoria lo que «permitirá al Fiscal confirmar o descartar esos indicios, o incluso abrir otras vías de investigación».
«La Fiscalía está comprometida en llevar las investigaciones de referencia con la siempre obligada exhaustividad y el máximo rigor, así como con la exigible celeridad, con frecuencia condicionada por la propia dinámica de la cooperación internacional», concluyó.
El mismo día en el que Dolores Delgado
entregaba a Felipe II la Memoria de la Fiscalía en el Palacio de la Zarzuela, desde el órgano que dirige se restaba importancia al escrito en el que el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, enumera los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias. La excusa estaba servida para que Unidas Podemos retomara su ofensiva contra el Monarca asegurando, por boca del presidente de su grupo parlamentario, Jaume Asens, que Juan Carlos I «tiene que sentarse en el banquillo de los acusados», cuando ni siquiera se le ha abierto una causa penal. De igual forma, el ministro del Interior y juez Marlaska, perfecto conocedor de los formalismos de una comisión rogatoria, calificaba de «preocupante» el escrito del fiscal.