Puigdemont buscó con el espionaje ruso el apoyo a la independencia de Cataluña
▶ Su entorno contactó con agentes involucrados en los intentos de Putin de desestabilizar Europa
Josep Lluís Alay, mano derecha de Puigdemont
La conexión rusa del independentismo catalán, al descubierto. Los intentos del secesionismo por conseguir aliados internacionales para su causa llevaron a dirigentes del entorno del expresidente fugado Carles Puigdemont a contactar con dudosos personajes vinculados al espionaje ruso, involucrados a su vez en los intentos del gobierno de Vladimir Putin de desestabilización en países europeos. Una peligrosa conexión por la que ayer los partidos de la oposición en Cataluña pidieron explicaciones y plantean la creación de una comisión de investigación en el Parlament. La oficina de Puigdemont, por su parte, denunció lo que considera «falsedades e intoxicaciones».
Informes elaborados por la Guardia Civil llevan ya tiempo apuntando a la conexión rusa del independentismo –de hecho hay una investigación judicial abierta en el marco de la operación conocida como ‘caso Voloh’, sobre financiación ilegal del ‘procés’– y ahora, un informe de inteligencia europea citado por el ‘New York Times’ ahonda en esa dirección. Por parte catalana, y como ya se había apuntado anteriormente, la figura clave sería el investigado Josep Lluís Alay, exjefe de la oficina de Carles Puigdemont y hombre de su máxima confianza, quien habría mantenido contactos con personas vinculadas al espionaje ruso.
Junto a Alay aparece otro nombre clave en el entramado, según el informe. Alexander Dmitrenko, joven empresario ruso afincado en Barcelona, casado con una mujer catalana, y que ejercería de puente entre el independentismo y los intereses rusos ansiosos por usar el secesionismo catalán como elemento desestabilizador. La vinculación de Dmitrenko con el espionaje ruso no es una suposición, ya que según estas informaciones este motivo fue precisamente la causa por la que Ministerio de Justicia español le denegase hace pocos años su petición de nacionalidad, al tener «conocimiento probado de su trabajo para los Servicios de Inteligencia Rusos, de los que recibe misiones».
‘Guerra híbrida’
A partir de diversas fuentes y del citado informe de inteligencia, de diez páginas, se apunta a que Alay, en su intento de buscar asistencia y ayuda para una hipotética Cataluña separada de España, habría contactado con miembros involucrados en lo que se conoce como ‘guerra híbrida’ del Kremlin contra Occidente, parte de una estrategia en base a métodos de «propaganda y desinformación, financiación de movimientos políticos disruptivos, piratería y filtración de información y medidas activas como asesinatos destinados
Puigdemont y Junqueras, en Waterloo a erosionar la estabilidad de los adversarios de Moscú». El mismo informe citado por el ‘NYT’ apunta a que desde Rusia se habría financiado también a partidos de extrema derecha en España, aunque sin mayor precisión. En el caso del independentismo catalán, no llega a aclarar qué tipo de asistencia habrían proporcionado el espionaje ruso.
Alay y Dmitrenko habrían buscado «asistencia financiera y técnica de Rusia para la creación de sectores bancarios, de telecomunicaciones y de energía separados de España». Según las mismas informaciones, ambos, junto con el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, también habrían contactado con miembros del crimen organizado en Rusia en busca de canales de financiación.
Alay habría viajado en diversas ocasiones a Rusia, y según el mismo informe, junto con Dmitrenko se reunió con varios oficiales de inteligencia extranjeros activos, así como con Oleg V. Syromolotov, exjefe de contrainteligencia del Servicio Federal de Seguridad, la agencia de inteligencia nacional de Rusia, quien ahora supervisa el
publicadas en ese diario y otros sobre esos descarados ofrecimientos a Rusia.
Pero lo importante de esta cuestión, sin embargo, ya no es si Puigdemont y los suyos de verdad pensaron que Rusia les ayudaría en su ofensiva independentista y buscaron vías de contacto. De eso ya no cabe duda. Documentadas están las visitas de varios emisarios, incluido el empresario Oriol Soler, a Moscú. Lo urgente ahora es aclarar quiénes y cómo deben pagar por lo que a todas luces parece la invitación a un régimen adversario de Europa y de la Alianza Atlántica a que ayude a romper el marco constitucional español consumando la ruptura de España, hecho todo esto al parecer mediante la malversación de fondos públicos, pues los independentistas han estado y están en el poder. El hecho de que, obviamente, los emisarios independentistas no consiguieran su objetivo no les exime de haber vulnerado la ley, desde luego. Pero para que paguen, se debe confirmar antes el delito. Y para eso, lo realmente importante y valioso hasta ahora ha sido la labor no de la inteligencia europea, sino de la justicia española.
Gracias a la labor de la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en este caso, el juez instructor Joaquín Aguirre investiga los intentos por parte del entorno de Puigdemont de estrechar lazos con dirigentes rusos por medio de empresarios y buscadores varios que actuaron de intermediarios. Fueron detenidas hace un año 21 personas, incluido el protagonista de la nota del ‘Times’, Josep Lluís Alay, acusado de malversación por desvío de fondos. Tras los viajes de Alay a Moscú en 2019 que ahora revela el ‘Times’, surgió el famoso Tsunami Democràtic, esa técnica de protesta masiva que hasta interrumpió la actividad en el aeropuerto de Barcelona y cortó la autovía que une Cataluña y el resto de Europa al norte.
Lo importante ahora es que al juez Aguirre se le permita seguir haciendo su labor. Y que la Guardia Civil pueda seguir analizando el material que se incautó durante los registros de ese caso. Y eso no es fácil. Aguirre es el juez titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, y ha sido objeto de todo tipo de ataques e insultos por, simplemente, hacer su trabajo, que es investigar. Más grave aun, los independentistas, tan enemigos al parecer de España como de la independencia judicial, llevaban largo tiempo persiguiendo al teniente coronel Daniel Baena, que fue jefe de la policía judicial en Cataluña, y por lo tanto principal responsable de las investigaciones judiciales más importantes relacionadas con el procés, incluidas las conexiones con Rusia. Gracias a la labor de Baena y el equipo que comandaba, el juez Aguirre dispone de un impresionante archivo de pruebas del que solo conoce la opinión pública una parte mínima. Por decirlo claro, del iceberg se ve solo una punta.
En mayo, Baena fue trasladado a número dos de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona. Hay quien lo ve como un ascenso y quien cree que así fue apartado de las labores judiciales. Lo cierto es que su papel al frente de la policía judicial en los cruciales meses posteriores al referendo son lo que le permite a la inteligencia europea, y a la del resto del mundo, saber lo que hoy sabe.