Abusó de sus funciones

Dice que el exministro abusó de sus funciones y que sabía que las labores de espionaje que encargó a Francisco Martínez eran ilegales.

Respecto a este último recuerda que no ha aportado el dispositivo donde se encuentran almacenados los mensajes que atribuye al exministro –que no han aparecido en ningún terminal, dice– ni ofrecido prueba más allá de unas actas notariales que en sí mismas no constituyen prueba indubitada de que ha existido esa comunicación. Tampoco garantizan esas actas, dice, «la identidad de los comunicantes, ni su capacidad o la inexistencia de manipulaciones».

Señala también en su descargo que ninguno de los altos mandos policiales –ni el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información Enrique García Castaño, ni el excomisario jefe de la UDEF José Luis Olivera Serrano, ni el exdirector operativo de la Policía Eugenio Pino, procesados– han involucrado al exministro en el asunto.

Respecto a la utilización de fondos reservados para labores de espionaje, apunta que no hay nada que permita concluir que Fernández Díaz «estuviera al corriente o participara en la gestión de los fondos». «La alusión del auto recurrido a que la irregular entrega de fondos era permitida en última instancia, por el secretario de Estado con conocimiento del ministro, constituye una afirmación gratuita sin fundamento alguno», dice.

En su auto de julio, el juez relataba que en el marco de la operación había que captar a un colaborador cercano a la familia Bárcenas, capaz de facilitar la información y el acceso a la documentación que se buscaba. La persona elegida fue Sergio Ríos, desde principios de febrero de 2013 chófer del matrimonio Bárcenas y persona de máxima confianza del entorno familiar. A cambio de su colaboración se le prometieron 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados y su ingreso en la Policía.