La ley de FP sube la participación de las empresas en los currículos
▶ La concertada denuncia ser ignorada en el anteproyecto que se podría aprobar el próximo martes
Estudiantes de FP en un laboratorio
El Consejo de Ministros aprobará también con toda probabilidad el próximo martes el anteproyecto de ley de Formación Profesional (FP) en segunda vuelta. Otra norma que hereda, como la Lomloe, la ministra Pilar Alegría de su predecesora, Isabel Celaá.
Sin embargo, esta ‘herencia’ no le pesa tanto a Alegría si se compara con la polémica ‘ley Celaá’. Mucho más amable o, más bien, nada ideológico, el anteproyecto de ley de FP no ha levantado las ampollas que levantó la Lomloe, ni tampoco sacó a nadie a la calle. Ocurrió lo contrario. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) mostró su apoyo al anteproyecto aprobado en primera vuelta y los cambios que en el último texto introduce la norma y a los que ha accedido ABC puede que no alteren dicho apoyo, al menos por parte de los empresarios (otros sectores están menos contentos, como la educación concertada).
El texto, que antes ponía un máximo y permitía a las empresas impartir hasta el 40% del currículo, pasa ahora a fijar un mínimo. Así, la participación de la empresa u organismo equiparado en los resultados de aprendizaje o módulos profesionales del currículo será de «más de un 30 por ciento» en el caso de la FP intensiva, es decir, la que se realiza alternando la formación en el centro de FP con la formación en la empresa, siendo esta última «retribuida en el marco de un contrato de formación». La redacción anterior hablaba de un contrato de «trabajo». Así, el nuevo texto le permite al empresario reducir costes.
En el caso del régimen general, la participación de la empresa en los resultados de aprendizaje del currículo será de «hasta un 20 por ciento».
El sector que no ha quedado tan contento con el anteproyecto es la concertada. Consultado el texto que podría ir a La Moncloa el próximo martes, señalan que no se han incorporado sus propuestas más relevantes. En el caso de la programación de la oferta de ciclos formativos sostenidos con fondos públicos, aseguran que «no se realiza con participación de los sectores afectados (como indica, por otro lado, el artículo 27 de la Constitución) y siguen apostando por que sea una atribución unilateral de la administración educativa (Ministerio de Educación y comunidades)», lamentan fuentes del sector. Agregan, además, que dicha enmienda fue aprobada por el Consejo Escolar del Estado pero no se incorporó. Otra propuesta de la concertada que no prosperó (tampoco en el Consejo Escolar) es la de contemplar la financiación de la FP privada mediante convenios o conciertos, algo que está incluido en la actual ley de FP y que quedará derogada cuando se apruebe la nueva norma.
Fondos de resiliencia
De acuerdo a la memoria de análisis de impacto normativo, a la que también ha accedido este periódico, la ley tiene un periodo de implantación de cuatro años en los que se prevé invertir 5.474,42 millones de euros, divididos de la siguiente forma: 1.668,55 millones en 2022; 1.668,41 millones en 2023; 1.068,73 millones en 2024; y 1.068,73 millones en 2025. Durante los dos próximos ejercicios presupuestarios, el Gobierno prevé hacer uso de fondos europeos para el plan de resiliencia. De este modo, en el año 2022 el Gobierno destinará 775,1 millones de euros y en 2023, otros 771,3 millones de euros.
El resto del dinero de los citados ejercicios procederá de los Presupuestos Generales del Estado hasta alcanzar la cifra de 1.668 millones de euros. A partir del año 2024, el Gobierno no podrá hacer uso del plan de resiliencia para financiar el sistema de Formación Profesional.
El Gobierno prevé destinar más de 5.000 millones de euros para financiar la nueva norma en un total de cuatro años
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