La Junta acusa a Sánchez de crear una «maraña» para quedarse fondos Covid
▶Marín denuncia que el Gobierno fijó una norma de ayudas a empresas para que no pueda cumplirse y obligar así a las comunidades a devolver el dinero
El plan del Gobierno central para socorrer a empresas y autónomos golpeados por la pandemia del Covid está lejos de cumplir las expectativas. En Andalucía sólo se han presentado unas 12.000 de las 400.000 solicitudes que se preveían tramitar, que suman 275 de los 1.109 millones de euros, la dotación económica que ha correspondido a la Junta de Andalucía. El Gobierno decidió que fueran las comunidades las encargadas de gestionar los 7.000 millones de euros mediante un decreto que impone criterios muy restrictivos y un diseño complejo y farragoso. Este «infierno» administrativo –como lo denominó la consejera de Empleo, Rocío Blanco, antes publicar la convocatoria– trae de cabeza a las autonomías, incapaces de hacer llegar el dinero a las negocios y autónomos que tengan pendientes facturas con proveedores, deudas de suministros y nóminas.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Ciudadanos), va más lejos en sus críticas y sostiene que este «laberinto» burocrático obedece a una estrategia premeditada del Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE) para que las comunidades tengan que devolver al Estado los 3.500 millones de euros sin gastar y culpar de este modo a las comunidades gobernadas por el PP y Cs. Precisamente fue lo que hizo el pasado sábado el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE que, aprovechando un acto de partido en el feudo socialista de Jaén, acusó de «ineficacia» en su gestión al presidente andaluz, Juanma Moreno (PP) por haber ejecutado «sólo 50 de los 1.000 millones» que el Gobierno ha transferido para ayudas directas a empresas dentro del paquete de recuperación económica por la pandemia.
Marín focalizó sus reproches en Sánchez y la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, aunque el «decreto-trampa» –como lo denominó– fue elaborado por el Ministerio de Economía, que dirige Nadia Calviño. «Es imposible que los empresarios en este país cumplan las normas que se han establecido porque se establecieron unas normas para que no pudieran cumplir y poderse quedar con 3.500 millones –la mitad del fondo de 7.000 millones– que se lo va a reembolsar la señora Montero para seguir pagando favores políticos», denunció Marín en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, encargada de su gestión, ha tenido que ampliar el plazo abierto a mediados de junio para solicitar las ayudas por segunda vez en un mes (hasta el 30 de septiembre) para tratar de llegar a más beneficiarios. Se han hecho más de 30.000 consultas –34.000, especificó Marín– por parte de empresarios interesados en las ayudas, de las que 19.413 han obtenido una notificación favorable de la Agencia Tributaria estatal.
Por más facilidades que se den, la Administración autonómica duda de que el fondo pueda agotarse. «Con mucha suerte» las empresas y autónomos «llegarán a pedir el 50% de estos fondos» debido a la «maraña» creada, que ha dejado fuera precisamente a los negocios cumplidores, auguró Marín.
La mayoría de las comunidades autónomas no agotarán el presupuesto de ayudas que tienen para pymes y autónomos