El juez procesa por terrorismo a un «comando autónomo» de los CDR
▶ Los 13 detenidos en la Operación Judas van camino del banquillo por pertenencia y fabricación de explosivo
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón puso ayer fin oficialmente a la investigación conocida como Operación Judas y enfiló al banquillo a 13 personas como presuntas integrantes de un «comando autónomo» de los Comités en Defensa de la República catalana (CDR) que, constituido como «organización terrorista», pretendía «subvertir el orden constitucional» e imponer «su causa», la independencia, por la fuerza.
Se trata del autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), un grupo creado con retales de distintos comités porque la escalada de protestas desencadenada a partir del referendum ilegal del 1 de octubre, agudizada con el enjuiciamiento de los líderes del procés, requería de «un plus de compromiso y profesionalidad en la ejecución» de las acciones «más sensibles». «Se constituyeron en una célula que elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo a un nivel superior», dice el auto de procesamiento dictado ayer por García Castellón. Pasaron, según las conclusiones de la investigación, de verter aceite en la carretera por la que iba a transitar el convoy de presos del procés camino de la cárcel a fabricar sustancias explosivas en casa y estudiar posibles objetivos contra los que utilizarlas.
Se trata de Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas Aubeso, Alexis Codina, Jordi Ros, Guillem Xavier Duch y Rafael Joaquín Delgado, que han sido procesados por pertenencia a organización terrorista así como tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista. Han sido procesados junto a ellos Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero, aunque a estos sólo se les imputa la pertenencia.
El magistrado señala que los investigados, como miembros del ERT, «habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares». Las vigilancias de la Guardia Civil, que estuvo a cargo de la investigación, detectaron deflagraciones en una de esas viviendas, donde algunos de los ahora procesados fueron retratados manipulando las supuestas sustancias inflamables.
Sobre este asunto, el auto destaca que «los investigados habrían llevado a cabo todos los pasos necesarios para la elaboración y fabricación de sustancias explosivas de forma efectiva» para lo que adquirieron «los conocimientos necesarios», incluso recurriendo a expertos, y compraron sustancias o elementos que hacían falta para su producción. A veces, con identidades falsas. A veces, gracias a terceros y todo, autofinanciándose o acudiendo a «personas del entorno
Agentes de la Guardia Civil trasladan a una de las personas detenidas
de los CDR para que les consiguieran» lo que fuera que les faltase.
En el sumario obran vídeos de uno de ellos, por ejemplo, enseñando a fabricar un detonador. Y les fueron intervenidos diferentes manuales y contenidos digitales relativos a este asunto. De hecho, tal y como reflejaron las investigaciones y recoge el auto, para cuando se produjeron las detenciones en septiembre de 2019 ya contaban con «informaciones precisas» de sus posibles objetivos que habían elaborado a partir de labores de «reconocimiento, vigilancia y control» de diversas instalaciones. Entre otros, figuraban las sedes de la Comandancia Naval de Barcelona, el Gobierno Militar, la Delegación de Gobierno, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil, así como miembros, vehículos e instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, torres de alta tensión, instalaciones en autopistas, peajes o el propio Parlament de Cataluña.
De hecho, sus plantes habrían pasado por asaltar el Parlament siguiendo el encargo de algo que denominan «el CNI Catalán», asunto que motivó la apertura de otra investigación que sigue bajo secreto en el Juzgado, igual que la relativa a las acciones de sabotaje que se imputan al movimiento Tsunami Democrátic, también en el contexto de las protestas independentistas.
Más allá del 1-0
El juez detalla que los miembros del ERT, que funcionaban como «un comando autónomo», contaban con los conocimientos y los medios para poder perpetrar aquel asalto. El plan, entrar por la puerta principal y presumiento apoyo del interior, atrincherarse dentro hasta lograr la proclamación de la república. Contaban incluso con tumbar la red de comunicaciones para garantizar el aislamiento. Según el auto, disponían de «la capacidad técnica y humana» para hacerlo. A uno de los procesados, Jordi Ros, se le presume un avanzado conocimiento de telecomunicaciones.
En el auto, el juez explica que los CDR tienen su origen en los Comités en Defensa del Referéndum creados a mediados de 2017 en el entorno de la CUP «e incluso se pueden vincular a la propuesta anterior, de Pobre Lliure, de creaciónde Grupos de Defensa de la República Catalana». Al inicio, su existencia se vincula «al objetivo concreto de asegurar la celebración del referéndum suspendido judicialmente», por lo que cuando el 1-O fracasó, debieron haber desaparecido. Pero «en realidad», señala el auto, «dichos grupos y estructuras fueron concebidos con una finalidad que pretendía una existencia más allá» de aquel hito, «lo que suponía adopción de la idea original de Poble Lliure», organización ya integrada en las CUP y a la que se sitúa como sucesora del brazo político del grupo terrorista Terra Lliure.
«De este modo, nos encontramos ante grupos compuestos por una pluralidad de personas que tendrían como objetivo subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada», razona el auto. Para el juez, como para la Fiscalía, esa intención «se manifiesta a través del rechazo a seguir los cauces legalmente establecidos» para la reivindicación política y el uso en su lugar de acciones «tumultuarias» oara «imponer una realidad» mediante «la toma de control del territorio». Los procesados buscaban la independencia y estaban dispuestos a emplear «la violencia en su máxima expresión, forzando de modo coercitivo a las instituciones» del Estado para que cediesen en Cataluña.