El ‘golazo’ judicial de Prasa a Carlos González
▶La Audiencia estima que se incumplió el contrato de venta del Córdoba CF y le obliga a pagar 6 millones ▶La resolución no es firme y cabe recurso en 20 días al Tribunal Supremo, pero ya es ejecutable
olazo por la escuadra judicial de Grupo Prasa a Azaveco (antes Ecco Documática). En nombres propios: una diana certera de José Romero a Carlos González. La Audiencia Provincial (AP) de Córdoba ha estimado el recurso de la promotora cordobesa y considera que se produjo el incumplimiento del contrato de compraventa del paquete mayoritario de acciones del Córdoba CF SAD (98,72%) de 2011. Como consecuencia, el tribunal obliga a González a pagar 6 millones de euros, tal y como estipulaba la cláusula de penalización del aquel acuerdo.
Además, Prasa mantiene el embargo de bienes del empresario canario en Madrid y Marbella. No continúa, eso sí, la traba sobre los derechos políticos y económicos de las acciones del club, cuya propiedad está en litigio entre González y Jesús León-Aglomerados Córdoba en los juzgados de Madrid. González ya consiguió una resolución favorable para recuperar las acciones en primera instancia, pero la misma está recurrida a la Audiencia madrileña.
La resolución también impone la obligación de pagar el interés legal del dinero generado desde que Grupo Prasa requirió el pago de la cláusula penal y no fue atendido por Azaveco, es decir, desde el 25 de marzo de 2020. Incluso, la sentencia (905/201), dictada por la Sección Primera-Civil de la AP y firmada por los magistrados Pedro Roque, Víctor Escudero y María Paz Ruiz, retira y devuelve la condena en costas a Prasa y establece la condena de las mismas para Azaveco.
La sentencia del tribunal cordobés, que avanzó La Voz de Córdoba y a la que tuvo acceso e informó también
Gayer ABC Córdoba en su edición digital, no es firme y admite recurso de casación y de infracción procesal. Azaveco tiene un plazo de 20 días para presentar el mismo ante la Sala Primera del Tribunal Supremo (TS). Pese a no ser firme, la sentencia ya es plenamente ejecutable. Es decir, que Prasa puede solicitar ya la ejecución de la sentencia y reclamar el pago de los 6 millones de euros a González de inmediato.
La situación
La sentencia de la Audiencia Provincial supone un vuelco judicial a la resolución inicial. El Juzgado de Primera Instancia número 8 desestimó la demanda que Grupo Prasa presentó contra Ecco Documática (Azaveco, Carlos González) por el incumplimiento del contrato de compraventa del Córdoba CF SAD el 3 de junio de 2011. La reclamación se basó en que la empresa de González estaba obligada a inyectar 8 millones de euros al club como parte del precio de la venta. Esa cantidad era justo la deuda que tenía la entidad en ese momento. Por ese motivo, el precio de la venta se fijó en sólo 1,25 millones de euros más una prima
Carlos González y José Romero se dan la mano tras la compraventa de las acciones del C
de tres millones en caso de ascenso a Primera, que, finalmente también se produjo en 2014.
La respuesta de Azaveco fue siempre que sí había hecho frente a esa deuda y al abono de la misma. Entendía que lo había hecho a través de sanear las cuentas del Córdoba con el concurso de acreedores, ya que tuvo que pagar
el 100 por ciento de la deuda concursal tras el ascenso a Primera. Además también aportó, sorprendentemente en este caso (ya que la tiene recurrida en el Supremo), la venta de la Unidad Productiva del Córdoba CF a Unión Futbolística Cordobesa como prueba de la solvencia del club.
El pasado 8 de marzo de este año, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Córdoba dictó sentencia en la que desestimó la demanda de Prasa, por la que reclamó el reconocimiento del incumplimiento del contrato y, como contraprestación, el pago de los 6 millones de euros que fijaba la cláusula penal. La resolución tampoco era firme. Dio a Prasa la opción de recurrir en el plazo de 20 días. La promotora cordobesa, como ya avanzó ABC en marzo de este año, recurrió esa sentencia a la AP. Ahora, la Audiencia da la vuelta a la tortilla a la situación y reconoce el incumplimiento del contrato y la obligación de que González abone a Prasa 6 millones.
Grupo Prasa era el único legitima