El PP-A advierte que la reducción de penas podría afectar a cien agresiones sexuales
A.S. SEVILLA
El Partido Popular calcula que alrededor de un centenar de condenas por agresiones sexuales podrían revisarse en Andalucía en aplicación de la «chapuza perpetrada» por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, con la nueva Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del ‘sólo sí es sí’.
Así lo aseguró ayer el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, durante una rueda de prensa en la sede regional del partido en Sevilla en la que criticó que actualmente hay en España «tres leyes o reformas jurídicas que nacen desde la ideología sin tener en cuenta el interés general de los ciudadanos», la citada ley del ‘sólo sí es sí’, la inminente reforma de los delitos de sedición y malversación en el Código Penal y el impuesto a las grandes fortunas «un ataque directo a la autonomía financiera de Andalucía». Tras advertir que «el único objetivo que tiene Sánchez es seguir en su sillón a cualquier precio», Repullo recordó que la ley del ‘sólo sí es sí’ se ha puesto en marcha «a pesar de todas las advertencias hechas por multitud de expertos, jueces, asociaciones, partidos de la oposición y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)» y lamentó que «este Gobierno no admite réplica alguna, mientras insiste en legislar sin el rigor jurídico necesario para evitar consecuencias indeseables como las que estamos viendo».
«Peligrosa desprotección»
A su juicio, «la chapuza legislativa de Irene Montero está ocasionando una peligrosa desprotección de las víctimas de abusos sexuales en España
que se podía haber evitado», como ponen de manifiesto los testimonios de las primeras víctimas afectadas «cuyas declaraciones dan escalofríos ya que vuelven a vivir presas del miedo» que evidencian que con esta ley «se consigue un efecto perverso, beneficiar a los delincuentes sexuales condenados a los delitos más graves y a las penas máximas».
«Lo único que ha logrado esta ley es poner de acuerdo a todas las asociaciones de jueces y magistrados del país, que han pedido el cese de la ministra Irene Montero», añadió el dirigente popular, quien censuró que «en vez de asumir responsabilidad, intentan tapar su mala gestión insultando a los jueces tildándolos de machistas, incluso poniendo en duda la libertad de prensa de este país».