La Fiscalía admite que hay revisiones de penas que no se podrán evitar
Sale al rescate del Gobierno y ordena oponerse a los recursos como norma
Apenas cuatro días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasara la pelota del coladero que está suponiendo la ley del ‘sí es sí’ al Tribunal Supremo y a la Fiscalía, el nuevo fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha recogido el guante y salió ayer al rescate del Gobierno con un decreto de «obligado cumplimiento» para todos los fiscales.
En él, el máximo responsable del Ministerio Público intenta acotar la revisión de condenas al establecer que no se revisarán aquellas sentencias firmes cuando la pena impuesta se encuentre en los tramos previstos en el nuevo marco legal. Es decir, la revisión sólo procederá cuando la pena efectivamente impuesta exceda en abstracto de la que correspondería imponer en aplicación de los preceptos de la ley del ‘sí es sí’.
A modo de ejemplo, si un condenado por violación lo fue a 8 años de cárcel en un tramo en el que esa pena oscilaba entre los 6 y 12 años, aunque esa horquilla se mueva ahora entre los 4 y 12 años, al encontrarse los 8 años en el tramo no habría lugar a esa revisión. Esto es lo que por normal general ya se estaba haciendo.
Cuestión distinta será cuando el condenado lo fue al límite mínimo bajo el paraguas de la anterior legislación (en el ejemplo anterior, 6 años) y ese límite se sitúa ahora en 4. O cuando el condenado lo fue a un límite máximo que ya no existe, por ejemplo, un agresor sexual por la que se le impusieron 5 años en un tipo penal cuyo máximo se sitúa ahora en 4. En estos casos, el fiscal general reconoce que no quedará más remedio que aceptar la revisión atendiendo al beneficio del reo que recoge el Código Penal.
«A la hora de determinar la ley más favorable, las/los fiscales tomarán en consideración el marco penológico resultante de aplicar la pena en su mitad inferior o superior o, en su caso, de aplicar la pena superior o inferior en grado, siempre que la imposición de la pena en dicho tramo resultare preceptiva o, en cualquier caso, cuando así se hubiera dispuesto por el órgano judicial. En estos supuestos, cuando la pena a la que fue condenado el responsable del delito no fuese susceptible de ser impuesta con arreglo a la modificación operada en virtud de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, deberá admitirse su revisión, siempre que la nueva ley sea considerada más beneficiosa de conformidad con el art. 2.2 CP», señala el decreto.
La Fiscalía hace hincapié, además, en que cada procedimiento sea analizado individualmente, «huyendo de automatismos que impidan valorar las concretas circunstancias concurrentes en cada caso».
«Cuando resulte procedente practicar la revisión y así se inste ante los órganos judiciales, los/las fiscales cuidarán de expresar la concreta pena que consideran procedente imponer en atención a las características y circunstancias del caso concreto, tal y como aparecen recogidas en los hechos declarados probados en la sentencia firme. También tomarán en consideración las valoraciones que en materia de individualización de la pena se contengan en la sentencia objeto de revisión», apunta el decreto.
Les insta, además, a que «en caso de reducción de la pena de prisión por efecto de la revisión», informen a favor de la libertad vigilada y de la pena de inhabilitación especial.
Según señala la Fiscalía, el decreto cuenta con el acuerdo y las aportaciones de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y los fiscales de sala jefes de la sección Penal del Tribunal Supremo y ante el Tribunal Constitucional. Desde el órgano que dirige García Ortiz se justifica la emisión de este decreto en la necesidad de no demorar las pautas concretas para la revisión de sentencias hasta que se publique una circular de la que previamente tiene que informar la Junta de Fiscales de Sala.
Insta a los fiscales a que pidan libertades vigiladas e inhabilitaciones especiales en los casos en los que sea inevitable la rebaja