Los fiscales advierten a Sánchez: suprimir la sedición desarma al Estado
La mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) advierte de que la supresión del delito de sedición supone «una desprotección del orden constitucional», que es un «valor imprescindible» para mantener el Estado de Derecho y que «exige tipos penales específicos y penas que cumplan con las funciones preventivogenerales y especiales que le son propias».
Así lo señala la Comisión Ejecutiva de la asociación, para la que una reforma del delito de sedición de la «trascendencia y calado como la que se pretende», que propone su derogación, debería tramitarse con el «necesario sosiego» y recabando los informes del CGPJ, Consejo de Estado y Consejo Fiscal. Sánchez ha optado por que la reforma se tramite vía proposición de ley de PSOE y Podemos para eludir precisamente esos informes, algo que también abordará este jueves el Pleno del CGPJ tras pedir ocho vocales su inclusión en el orden del día. «[...] los estándares europeos obligan a que todas las propuestas normativas que afecten al Poder Judicial deben someterse a previo informe de los Consejos de Justicia», señalaron los miembros en un escrito registrado el pasado viernes.
La Asociación de Fiscales desmiente a Sánchez y asegura que «no es cierto que el Derecho de la Unión Europea exija reformar «este delito, que se ha mantenido, recuerda, en todos los códigos penales de nuestro país. «El Código Penal de 1995 (conocido como el Código Penal de la democracia) también lo asumió», apunta.
Reforma a la carta
Tampoco es cierto que las penas de este delito en España sean superiores a las previstas para las conductas que se tipifican en otros países de la Unión Europea. Tanto el informe de indulto de la Fiscalía como el de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo «ya lo pusieron de manifiesto con claridad» en los informes en los que se opusieron a la concesión de los indultos a los condenados del ‘procés’.
La AF considera, además, que «no es en ningún caso admisible» una reforma del Código Penal que responda a «intereses o situaciones de personas concretas». «Con ello se desconoce un principio básico del Derecho, que no admite leyes singulares que, por tanto, serían de muy dudosa constitucionalidad», avisa.