«Es humillante que Bildu decida cuándo sale la Guardia Civil de Navarra»
Javier Esparza, presidente de UPN, denuncia que «se quiere acabar con la presencia del Estado»
El Gobierno concedió el pasado martes a Bildu, heredero del brazo político de ETA, el ‘honor’ de anunciar que a partir del 31 de marzo comienza la cuenta atrás de la presencia de la Guardia Civil en las carreteras de Navarra. No puede justificarlo por que sea una reivindicación asumida por la mayoría de los navarros, ni tampoco por que se busque una mayor calidad del servicio al ciudadano, porque la Policía foral, que a partir de ese día comenzará a asumir la gestión del Tráfico de forma paulatina, no estará preparada para ello en esa fecha. Ha sido, pues, una concesión política a sus socios parlamentarios, que justificaron el terrorismo y homenajearon a asesinos de ETA; a aquellos, por cierto, que mataron a 42 guardias civiles solo en esta comunidad.
Javier Esparza, presidente de UPN, la fuerza mayoritaria en Navarra que no gobierna por el acuerdo parlamentario de los socialistas con los herederos de Batasuna, considera que es una «humillación para la Guardia Civil que el Gobierno permita que los testaferros de ETA decidan cuándo debe salir la Benemérita de esta comunidad, después de haber combatido y vencido a los terroristas, junto con el resto de las Fuerzas de Seguridad».
Coordinación eficaz
«Nadie aquí, salvo Bildu, tenía como objetivo sacar a la Guardia Civil de Tráfico de las carreteras de Navarra –añade el presidente de UPN–. Trabaja de forma coordinada y a plena satisfacción en esta materia con la Policía foral para dar un servicio de calidad». Así que, en su opinión, «la decisión es una cesión de Pedro Sánchez a sus socios, que lo único que quieren es expulsar de la Comunidad foral todo lo que representa a España, incluidos los agentes que lucen en sus uniformes la bandera nacional».
Pero es que además, sostiene, «la decisión pisotea el Régimen Foral de Navarra, porque el traspaso de competencias se tiene que negociar entre el gobierno central y el autonómico, no entre Moncloa y un partido. La presidenta Chivite ha sido ninguneada una vez más; no decide de forma autónoma, solo hace lo que le dicen Moncloa y los testaferros de ETA».
La cesión de Sánchez a Bildu supone además que 230 guardias civiles destinados en el sector de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra vivan con gran incertidumbre su futuro. En principio, según las fuentes consultadas, habría tres alternativas para ellos: que se diseñe una pasarela para los que quieran ingresar en la Policía foral en esa misma especialidad –se plantea el problema de que cobran más ahora que en ese Cuerpo al percibir el plus de peligrosidad por prestar servicio en Navarra, y además los proetarras no quieren nuevos agentes de esa procedencia-; pedir el traslado a otra provincia –también perderían dinero, al dejar de recibir la cantidad por ese concepto–, o quedarse en Navarra, pero en otro destino.
«Nos hemos casado aquí, nuestros hijos son de aquí, nos sentimos navarros como el que más pero el Gobierno permite que nos echen de nuestro trabajo, de un servicio al que hemos dedicado muchísimos años con gran sacrificio, incluso de nuestras propias vidas», explican a ABC agentes destinados en la Guardia Civil de Tráfico en Navarra. «Todo porque el Gobierno ha cedido a un chantaje político».
Ni una sola asociación de la Guardia Civil apoya, se explica o justifica la cesión del Ejecutivo de Sánchez a los herederos de Batasuna. Solo encuentran una razón para ello: conseguir aprobar los Presupuestos. Aún menos entienden que se haya permitido que Bildu, con el siniestro historial que tiene detrás, capitalice la medida. Y denuncian que nadie ha explicado a los afectados qué va a pasar con ellos. De momento Jucil, mayoritaria en el Instituto Armado,
va a llevar el asunto a la próxima reunión del Consejo de la Guardia Civil, que se celebrará el 15 de diciembre, según adelantó a ABC Ernesto Vilariño, secretario general de la asociación.
Además, las asociaciones de la Guardia Civil advierten de que la retirada de sus agentes de las carreteras de Navarra supondrá una merma de la seguridad en la Comunidad foral, ya que muchas veces estos acudían en auxilio de sus compañeros de las casas cuartel cuando era necesario.
Esparza, presidente de UPN, reflexiona: «Lo ocurrido con la Guardia Civil de Tráfico es el primer paso; se ha creado un precedente y Bildu abrirá ese debate. Vemos cómo se desmantela la presencia del Estado en Navarra. Apelo al votante socialista moderado a que no permita que continúe este proceso».