El FMI urge a Sánchez a iniciar los recortes de gasto ya en 2023 para calmar a los inversores
▶ Cuestiona el diseño de los gravámenes a energéticas y banca y vislumbra problemas
Los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) no entienden de ciclos electorales ni de intereses tácticos. Han analizado la situación de las cuentas públicas españolas y han llegado a la conclusión de que el Gobierno no puede dilatar más el inicio del proceso de contención del gasto público, que le ha instado a iniciar ya en 2023 «para impulsar la confianza de los inversores y contener las presiones inflacionarias».
Hasta la fecha el Ejecutivo ha venido despachando los llamamientos del Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y los organismos internacionales para que formule un plan de consolidación fiscal a medio plazo con el ya consabido argumento de que no procede hacerlo en un contexto de tanta incertidumbre como el actual y de que lo hará cuando se aclare el panorama.
En este ínterin el déficit y la deuda públicas se han reducido desde los niveles récord que alcanzaron en 2020, pero se mantienen en el entorno del 4 o el 5% en el caso del desequilibrio anual de las cuentas públicas y del 115% en el caso de la deuda. El Fondo admite que «las finanzas públicas continuaron mejorando en 2022», pero advierte también de que «la deuda pública sigue siendo elevada y se necesitaría un esfuerzo sostenido de consolidación para reconstruir el colchón fiscal».
Un ajuste de 6.000 millones
Los funcionarios del FMI incluso han puesto cifras al ajuste estructural que España tendría que abordar en 2023. Este debería ser de entre un cuarto de punto y medio punto de PIB lo que traducido a millones de euros implica una reducción del saldo negativo de las cuentas españolas de entre 3.000 y 6.000 millones de euros. En realidad, ese es el ajuste que el Gobierno promete en el plan presupuestario enviado a Bruselas en octubre, pero el Fondo duda de su ejecución efectiva, tanto por el lado de los ingresos como sobre todo por el lado de los gastos, ya que parte de la base de que no se van a prorrogar las medidas aprobadas por el Gobierno para amortiguar el impacto de los precios energéticos.
El Fondo ha aprovechado el informe técnico sobre España del denominado artículo IV –la herramienta que utiliza el organismo para señalar los desequilibrios más inquietantes de los países y tratar de ofrecer soluciones a los mismos– para enfatizar la importancia de enviar una señal del compromiso de España con la disciplina fiscal en un contexto en el que la subida de los tipos y la desaceleración de la economía van a estrechar el margen fiscal de los países, especialmente de los muy endeudados como España.
Cambio de enfoque
El informe sugiere que el Gobierno podría empezar por retirar algunas de las medidas discrecionales de apoyo que ha aprobado en los últimos meses para proteger a empresas y ciudadanos de la subida de los precios energéticos.
Sostiene que salvo en el caso de medidas como la subida de los bonos sociales térmico y eléctrico, la mejora del ingreso mínimo vital y las ayudas específicas a los sectores, el resto, especialmente las rebajas fiscales a la electricidad y la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, son muy generales, tienen un elevado coste fiscal y, además, benefician a las rentas medias y altas. «Reemplazar las medidas generales por otras más focalizadas podría de hecho generar ahorros con respecto al año en curso», insinúa el Fondo.
El FMI entra también en el debate sobre los nuevos gravámenes a la banca y las energéticas. El organismo considera «apropiado» subir los impuestos a sectores que podrían obtener ingresos extraordinarios en el actual contexto para financiar las medidas de apoyo a los agentes económicos, pero cuestiona la fórmula que ha elegido España. Considera, como el BCE, que el gravamen a la banca puede impactar de forma importante sobre los costes de las entidades en un momento en que la subida de tipos puede incrementar el volumen de fallidos de algunos de sus clientes; y también que puede inhibir las inversiones de las energéticas en renovables.
El informe no se ahorra la advertencia clásica al Gobierno sobre la factura de las pensiones y la necesidad de medidas adicionales.