El Gobierno tramita la reforma animalista del Código Penal sin la cúpula jurídica del Estado
Aprobó el proyecto de ley del maltrato animal sin informes del CGPJ, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal
El Congreso lleva meses tramitando una reforma del Código Penal diseñada por el Gobierno a espaldas de los altos órganos jurídicos del Estado. Se trata de un hecho anómalo, que incluso choca con el principio constitucional que mandata que los proyectos de ley que llegan al Congreso, las iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno desde el Consejo de Ministros, vayan acompañadas de antecedentes. Y por tales la tradición parlamentaria ha considerado, entre otros, los informes y dictámenes de instancias como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. En ciertos casos, esos informes son obligados, como el pronunciamiento preceptivo del CGPJ ante proyectos de leyes de materia penal. En otros, son consultas facultativas, pero tan oportunas por la elemental lógica del rigor legislativo que en la práctica se han convertido en norma.
Sin embargo, el proyecto de ley de reforma del Código Penal que el Gobierno ha presentado ante el Congreso para perseguir con más rigor el maltrato animal no ha contado hasta la fecha con ningún informe de estos órganos, cuya opinión tiene una evidente relevancia jurídica, de gran valor para guiar la acción legislativa de los diputados. El Pleno del CGPJ aprobó su informe este jueves. El Gobierno cursó la petición con tardanza y no esperó a la respuesta. Que tan decisivo pronunciamiento no alterara su acelerado plan de reformar el Código Penal con tan controvertidas novedades como criminalizar más las lesiones sin tratamiento médico a un animal que a una persona; es decir, una quiebra del elemental principio jurídico de la proporcionalidad sobre la que precisamente advierte el informe del CGPJ. Este dictamen llega diez meses después de que el Gobierno aprobara en primera vuelta esta reforma penal (18 de febrero), casi cuatro meses después de que iniciara su tramitación en el Congreso –donde sigue su procedimiento legislativo– y más de dos meses después de que finalizara el inicial plazo de enmiendas (21 de septiembre).
La ausencia de informes de los altos órganos jurídicos del Estado, además de resultar anómala por inusual en la tramitación de proyectos de ley –más aún, si cabe, al afectar al Código Penal–, cercena en la práctica la propia calidad del ejercicio parlamentario y de la iniciativa legislativa del Gobierno. Así, este texto de reforma penal en concreto, cuando todavía era anteproyecto, fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros sin recabar la opinión de ninguno de esos tres altos órganos jurídicos, según consta en la memoria de impacto normativo que el Gobierno redactó en su momento y cuyo contenido ha recopilado ABC. Solo fue después de esa primera aprobación en Consejo de Ministros cuando recibió la aportación de la Fiscalía, pero ni siquiera se trató de un pronunciamiento del Consejo Fiscal sino de una instancia de mucho menor rango, la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado. Del CGPJ y del Consejo de Estado, ni rastro. Sin esos informes fue aprobado como proyecto de ley por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes, donde está en tramitación.
El Poder Judicial
Esta reforma del Código Penal, la conocida como ley del maltrato animal, es responsabilidad compartida de los dos socios de Gobierno, PSOE y de Unidas Podemos. Y no solo porque, en tanto que proyecto de ley, ha exigido la aprobación colegiada del Consejo de Ministros, sino porque el ministerio proponente es el de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige la líder de Podemos, Ione Belarra, pero ejerce como ministerio coproponente el de Justicia, de la ministra Pilar Llop, del ala socialista del Ejecutivo. La ausencia de esas opiniones jurídicas cualificadas es tan relevante como que los diputados se han visto forzados a presentar enmiendas al proyecto de ley sin disponer de esa información experta que es de gran valor para la toma de posiciones en el Parlamento. De ahí que esa carencia comprometa el ejercicio cualificado de la labor legislativa de los parlamentarios.
Los grupos de la oposición se han venido quejando de esa falta de informes del Consejo de Estado, del CGPJ y del Consejo Fiscal. Así, en una de sus enmiendas, el PP advierte que la práctica que está siguiendo el Gobierno, al no incorporar los informes de los altos órganos jurídicos del Estado, «choca con los precedentes de modificación del Código Penal por vía de proyectos de ley orgánica que preveían la modificación de dicha norma en el propio proyecto realizados en la última década, pues todos ellos han ido acompañados de informes de distintos organismos».
Está por ver si, al final, a posteriori, llegan los dictámenes de esos organismos antes de que se someta a aprobación parlamentaria esta reforma del Código Penal. Aunque así fuera, esa opinión llegaría con tan notable tardanza que ya ha alterado el procedimiento normal de la acción legislativa.
Desde la oposición se ha alertado de que es especialmente grave que aún no se haya contado con el parecer del CGPJ, porque en este caso su participación es obligatoria por ley.
El Ejecutivo redactó, aprobó y llevó este proyecto de ley al Congreso sin el obligado dictamen del Consejo General del Poder Judicial
Esta ausencia de informes de alto valor jurídico, además de anómala, cercena la labor legislativa de los parlamentarios