La Eurocámara admite que «probablemente» fue ilegal entregar el acta a Puigdemont
Así lo reconocen sus servicios jurídicos ante el Tribunal General de la UE
Los servicios jurídicos del Parlamento Europeo han reconocido abiertamente que la decisión de abrir las puertas de la institución a Carles Puigdemont tomada en enero de 2020 por el entonces presidente David Sassoli fue «probablemente» incorrecta. Ese reconocimiento es un hecho poco corriente, porque ocurrió precisamente ante el Tribunal General de la UE, lo que sin duda va a añadir aún más derivadas al laberinto jurídico en el que el expresidente de la Generalitat huido de la Justicia ha logrado enredar a media Europa. Es muy probable que esta constatación de los juristas de la Eurocámara sea también un indicio de que la actual presidenta, Roberta Metsola, no tendrá más remedio que retirarle el acta a Puigdemont y a los otros tres independentistas que ejercen como tales, después de que la Junta Electoral Central informase este mes de que, efectivamente, no han cumplido los requisitos para ello. La vista de ayer en el Tribunal General se refería al recurso contra la decisión del Parlamento de tramitar el suplicatorio enviado por la Justicia española.
Argumento enrevesado
El recurso lo interpuso el abogado de los huidos, Gonzalo Boye, condenado por terrorismo y que ya ha aprovechado para utilizar abiertamente la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de eliminar el delito de sedición como argumento con el que convencer a los jueces de que sus clientes «son perseguidos políticamente en España», aunque lo haya hecho de una forma particularmente enrevesada: «Es público y notorio –dijo Boye en la vista– que varios ministros españoles importantes y el propio presidente del Gobierno, el señor Sánchez, han estado diciendo estos últimos días que el cambio en la legislación es para obtener la entrega del señor Puigdemont a España».
La idea del abogado de Puigdemont es pedir a los jueces que defiendan a sus clientes de la amenaza que a su juicio supone para ellos el propio Parlamento, que después de tramitar el suplicatorio aprobó correctamente el levantamiento de su inmunidad, aunque después este tribunal accedió a mantenerla de forma provisional, a la vista de la abrumadora cantidad de recursos y alegaciones acumuladas por su abogado. Los representantes del Parlamento no han tenido más opción que explicar ante los jueces hasta qué punto la institución ha sido condescendiente con Puigdemont y los demás huidos, hasta el punto que han tenido que reconocer que «probablemente» nunca debieron haber sido reconocidos como eurodiputados. Este reconocimiento se refiere a la sentencia por un recurso interpuesto por Junqueras, que se quejaba de que estando en prisión preventiva, no privado entonces de sus derechos políticos, le fue permitido presentarse a las elecciones europeas, pero no se le permitió salir de la cárcel para recoger su acta.