Las víctimas de trata no tendrán que denunciar para acceder a un salario
La ministra de Justicia, Pilar Llop, presentó ayer la nueva norma aprobada en Consejo de Ministros
El Gobierno dio ayer luz verde en el Consejo de Ministros al anteproyecto de ley de trata, desvelada por ABC hace cuatro semanas. La norma, que deja fuera a jueces y fiscales en la identificación (provisional) de víctimas, «aborda conjuntamente la lucha contra todas las formas de trata de seres humanos», señala el texto al que accedió este periódico antes de su aprobación. En este sentido, la norma incluye también las formas de explotación que constituyen la finalidad de la trata: «El trabajo forzoso, la servidumbre, la esclavitud y todas las formas de sometimiento forzoso a explotación».
La ministra de Justicia, Pilar Llop, dijo ayer durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la norma supone un «compromiso del presidente del Gobierno con los derechos humanos», al que quiso añadir su «propio compromiso personal».
«Victimocéntrico»
Llop señaló que es un texto centrado en las víctimas, «victimocéntrico» y «que la adecuada asistencia y protección a las víctimas es uno de los ejes vertebradores de esta ley». Recordó, tal como avanzó este periódico, que el acceso a los derechos por parte de las víctimas «no se vincula de ninguna manera a la interposición de la denuncia ni tampoco a la participación de las víctimas en la investigación penal. Ello, sin perjuicio de que se incentive a través de los mecanismos necesarios que la víctima colabore para una eficaz persecución del delito».
Llop detalló algunos de los delitos que se tipifican con la nueva ley. «Se reconoce el derecho a una protección y asistencia especializada y adecuada a los distintos tipos de trata, como la trata con fines de explotación sexual; extracción de órganos o fracción de tejidos corporales; celebración de matrimonios forzados o uniones de hechos forzadas; imposición de esclavitud o servidumbre; trabajos o servicios forzosos incluyendo la mendicidad y la realización de actividades delictivas...».
Además, enumeró algunos de los derechos de los que gozarán las víctimas ya identificadas, como el acceso a la vivienda («serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas
protegidas y a los programas de ayuda de acceso», reza el texto); y recibirán el ingreso mínimo vital, entre otros derechos que prevé la ley.
Este diario preguntó durante la rueda de prensa a la ministra si el proyecto se modificó o sigue dejando fuera de la identificación provisional de las víctimas a los jueces y fiscales para darles el protagonismo, en su lugar, a las ONG. Aunque en la norma se les denomina entidades especializadas acreditadas (además de la participación de los servicios sociales, Inspección de Trabajo y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).
Como la violencia de género
La ministra no aclaró este punto. Si bien respondió que «no» se dejaba fuera a los jueces. La explicación que dio para justificarlo parecía apuntar a otra parte del proceso de identificación: «Las víctimas podrán ser acreditadas a través de una sentencia firme, una resolución judicial en el ámbito penal que conceda algún tipo de medida cautelar o de orden de protección. Por lo tanto, se ha seguido un sistema de acreditación judicial similar al de las víctimas de violencia de género». Sin embargo, Llop no aclaró qué sucede en la fase provisional del procedimiento de identificación.
La ministra sí aludió a la creación del llamado Mecanismo Nacional de Derivación, que definió como un «órgano encargado de la inmediata derivación de las presuntas víctimas de trata que centralizará todos los datos para tener un mejor conocimiento de la situación». En este mecanismo sí aparece el Ministerio Fiscal. En concreto, dicho mecanismo tendrá unidades multidisciplinares en cada provincia, encargadas de la identificación definitiva de las víctimas, y estarán integradas por un representante del Ministerio Fiscal, según el texto al que accedió ABC antes de la aprobación de ayer.
Permiso de residencia
Otras dudas sobre el anteproyecto estaban relacionadas con la posibilidad de que las víctimas accedan al permiso de residencia. Preguntada por el asunto, Llop volvió a insistir en que «el texto desvincula la denuncia y la participación de la víctima de la investigación penal. Y esta es una propuesta que nace en el germen del texto de esta ley.
En cuanto a la residencia, la ministra de Justicia justificó que la ley sigue el Convenio de Varsovia que prevé que las víctimas, una vez identificadas, tendrán derecho a la residencia por circunstancias excepcionales, teniendo en cuenta su situación personal o su colaboración dentro del procedimiento penal. «Lógicamente, si van a colaborar es necesario que tengan la residencia en el país por si es necesaria su declaración a lo largo del procedimiento».