Segundo aviso de Bruselas a España: sin Coffee y unas pensiones sostenibles se recortarán los fondos El Parlamento Europeo enviará en febrero una misión para auditar el uso de los fondos UE
▶La Comisión ya ha forzado a Escrivá a cambiar el mecanismo de equidad y recuerda por carta que si el Gobierno no cumple perderá recursos ▶La herramienta de control de los fondos, Coffee, sigue sin funcionar más de año y medio después Los parlamentarios
La amenaza de un recorte de los fondos europeos vuelve a sobrevolar España. Es la segunda ocasión en menos de dos meses en que la Comisión avisa a nuestro país de que reducirá los recursos asignados si no da cumplimiento a lo pactado en el plan de recuperación. En octubre fue la advertencia sobre el fallido sistema de control de los fondos; ahora, es la sostenibilidad del sistema de pensiones lo que preocupa a Europa.
En una respuesta parlamentaria a la eurodiputada de Ciudadanos Eva
Poptcheva, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, pone negro sobre blanco a lo que se enfrenta España si no ejecuta los compromisos acordados: «Si la Comisión considera que no se han cumplido satisfactoriamente todos los hitos y objetivos asociados a un tramo, suspenderá parcialmente el pago. El Estado miembro de que se trate dispondrá entonces de seis meses para tomar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos. Si esto no se ha hecho en el plazo de seis meses, se reducirá proporcionalmente el importe total de la contribución financiera y, en su caso, del préstamo».
Una amenaza que se ciñe en este caso a las pensiones. En el documento se explica que «la Comisión señaló su preocupación por la sostenibilidad fiscal del paquete de reformas del plan de recuperación y resiliencia», en referencia al componente 30 que trata de la sostenibilidad de las pensiones. Y entre sus preocupaciones está el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) ya aprobado, y la segunda parte de la reforma de pensiones.
El aviso de Gentiloni llega después de la visita que los ‘hombres de negro’ realizaron a España en septiembre, en la que trasladaron al Ejecutivo su preocupación por la solvencia del sistema de pensiones. Como adelantó ABC, la delegación europea informó a Escrivá de sus recelos respecto a la configuración del MEI como un mecanismo semiautomático y le reclamaron ajustes automáticos. Esto podría ser solo un reproche técnico, pero lo que le estaban diciendo los funcionarios a Escrivá es que querían garantías sobre cómo se asegura la sostenibilidad, saber cómo son la reglas y evitar diferir las soluciones de aumento del gasto a los gobiernos futuros. El mecanismo de equidad supone, en la práctica, un nuevo impuesto sobre el empleo que se cargará en la nómina de los trabajadores, de todos con independencia del nivel salarial, y que supondrá un 0,6% del sueldo –del que el empresario se hará cargo de un 0,5% y el empleado el 0,1% restante–. Comenzará a aplicarse en enero hasta 2032. Tras el toque de atención de la Comisión el ministro estaría trabajando en cambios en el mecanismo, que pasarían por ampliar más años su vigencia. Pero la gran preocupación del Gobierno es que no prospere la segunda fase de la reforma que ya han rechazado los agentes sociales. La fórmula para asegurar las pensiones pasa por elevar de 25 a 30 años el periodo de cálculo, con la opción de ignorar los dos peores. La ampliación tendrá un periodo transitorio entre 2027 y 2038.
Además, Escrivá planea que las bases máximas suban cada año en función del IPC, más una pequeña subida anual, que correspondería al destope. Esta medida que el ministro pretende perpetuar se empieza a aplicar en 2023 cuando la base máxima de cotización llegará a 54.000 euros tras la actualización por la inflación de este año del 8,6%.
La subida de cotizaciones ha encontrado el rechazo frontal de la CEOE y la ampliación de los años que se tienen en cuenta para el cálculo no convence ni a la patronal ni a los sindicatos porque no es una medida que lleve el sello del Pacto de Toledo. A esta comisión han enviado al ministro para que logre un acuerdo político antes que social.
Así las cosas, Bruselas señala en la respuesta parlamentaria que en la evaluación realizada en su momento se dijo que «para respetar el objetivo general de sostenibilidad fiscal del paquete habría que abordar el riesgo de una desviación presupuestaria significativa derivada de las medidas adoptadas y tenerlo también en cuenta en el diseño de otras reformas pendientes». La Comisión avisa de que evaluará el cumplimiento de las reformas de pensiones que se hayan aprobado o se aprueben, una vez solicitado el cuarto tramo de los fondos europeos, que aún hay que solicitar a futuro.
Por el momento, el Gobierno ya ha solicitado el desembolso del tercer tramo de los fondos, lo que venían retrasando desde septiembre por el incumplimiento de los compromisos. Sin embargo, se pactó con Bruselas un mes más de plazo para la evaluación de los hitos y reformas adoptados, obteniendo el Ejecutivo más tiempo para llevar a cabo lo acordado.
Pero las pensiones no son el único foco de preocupación para Europa. En este último trimestre, Bruselas ha llamado la atención a España por la inoperancia del sistema de control y vi
gilancia de los fondos europeos. Algo sobre lo que alertaron también los ‘hombres de negro’ y una auditoría que se llevó a cabo, como desveló ABC.
Ese sistema, Coffee, es una herramienta que prometió poner en marcha Hacienda hace más de año y medio pero la realidad es que hoy no está operativo. Ese control de los fondos va enfocado a saber el grado de ejecución de los recursos comunitarios y a qué se dedica el dinero, para poder rendir cuentas ante la Comisión. La información, por ahora, se está recabando en formato excel.
Un sistema farragoso
Fuentes autonómicas denuncian que Coffee no está cien por cien operativo. En algunos departamentos sí que se pueden volcar los datos de ejecución, pero en otros es imposible, con lo que el Gobierno sigue sin saber el grado real de puesta en marcha de los fondos europeos. Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, ha sido el dirigente autonómico más claro sobre la gestión que realiza el Gobierno. Ya advirtió de que Coffee no funcionaba y ayer volvió a insistir. Habló de «arbitrariedad» en la asignación de los fondos, de «decisiones unilaterales sin el menor atisbo de la llamada cogobernanza de la que tanto presume el Gobierno» y de «un sistema de gestión farragoso e ineficiente».
La Comisión de Control Presupuestario (Cocobu) del Parlamento Europeo ha decidido enviar una misión oficial a España para verificar el uso de los primeros fondos de recuperación que recibió el Gobierno. Esta será la primera intervención de la Cocobu en el escrutinio del estos fondos, que a su vez son los primeros que la UE ha concedido antes de que se inviertan y no como sucede normalmente con los fondos estructurales, que se reembolsan una vez que el proyecto ha sido ya construido.
La decisión de enviar esta comisión de control a España entra dentro de las funciones de esta comisión que debe cuadrar el presupuesto de la UE del año 2021 y para ello quiere saber qué ha pasado con los 11.500 millones de euros que recibió España a finales de aquel año. Puesto que el Gobierno se empeñó en ser el primer país en solicitar los fondos y presentar sus planes de recuperación, también va a ser el primero en ser analizado.
El análisis de la Cocobu es esencialmente contable, es decir, no se centra tanto en decidir si tal o cuál gasto es adecuado o si ha tenido el efecto esperado, sino que quiere saber exactamente dónde han ido a parar esos fondos que vienen del presupuesto europeo.
La presidenta de esa comisión es la popular alemana Monika Hohlmeier, que en octubre en una comparecencia parlamentaria del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, expresó claramente su descontento ante la falta de transparencia del Gobierno español respeto al uso de esos fondos. «No quiero aparecer ante la opinión pública y decirles que aquí tenemos 10.000 millones más 1.500 millones de prefinanciación que ya se han dado a España, lo que representa el 13% de lo que ya han recibido todos los Estados miembros y no le puedo decir a nadie qué se ha hecho con ese dinero», dijo en aquella ocasión.
En los próximos días los miembros de esta comisión parlamentaria han de pactar la composición y la agenda de la visita que se llevará a cabo del 20 al 22 de febrero y cuyo propósito esencial es que el Gobierno le enseñe las facturas del uso que ha hecho de esos fondos.
La eurodiputada popular Isabel Benjumea considera que esta visita de la Cocobu a España «está plenamente justificada ante las denuncias de retrasos en la ejecución y la falta de transparencia del Gobierno» además, para reclamar en concreto el incumplimiento del Hito 173 que se refiere precisamente al sistema informático de control de los gastos. «Vendrán a pedir las facturas y a pedir explicaciones de en qué se han gastado esos fondos o de por qué no se han gastado».
El Parlamento Europeo hizo del control de los fondos de recuperación una bandera esencial cuando se diseñó este mecanismo para ayudar a que los países aprovechasen el parón forzoso de la economía a causa de la pandemia para renovar sus estructuras y acelerar la transición hacia las energías renovables.
La decisión de enviar esta misión parlamentaria, que no sería extraordinaria si no fuera porque es la primera que se hace sobre los fondos de recuperación, se añade a otras gestiones que se han llevado a cabo en el Parlamento y que pueden poner en problemas al Gobierno español en Europa, precisamente el año en el que le corresponde ejercer el semestre de presidencia en la segunda mitad del año que viene.
Ayer, el consejo de ministros de Economía de la zona euro decidió que a partir de primeros de año va a proceder a analizar la eficacia de las medidas de compensación por los altos precios de la energía. El presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, reelegido para un segundo mandato, dijo que «en 2023 examinaremos mes a mes nuestras medidas para asegurar que son más específicas y centradas en los hogares vulnerables y las empresas viables que están temporalmente expuestas» a los altos precios de la energía a causa de la guerra de Ucrania.
Por su parte, el Consejo de ministros de Finanzas (Ecofin) de toda la UE que se celebra hoy analizará precisamente la decisión de congelar 7.500 millones de euros de fondos de recuperación para Hungría, porque el Gobierno de aquel país no ha llevado a cabo las reformas que se le exigen en materia de respeto al Estado de derecho. La decisión la tomarán los presidentes en el Consejo Europeo.