Una abuela y su nieto frente a la orden de desahucio
El caso de Pilar Loubet tiene muchos precedentes. Decenas de miles de desahucios se han producido en España desde que estallara la crisis inmobiliaria (2008) hasta la vigente, que tiene otros apellidos, como ‘inflacionista’ y ‘energética’.
Sin embargo, la situación de esta gaditana resume la evolución que muestra este fenómeno social de la expulsión del hogar en los últimos 15 años. No tanto por el conflicto, relativamente común en la casuística del desahucio, como por la imposibilidad para encontrar una solución pese a contar con ingresos regulares y fijos, pero insuficientes. Pilar tiene 67 años «camino de 68» y vive con su nieto de 25.
Ella percibe una pensión de 721 euros por viudedad «desde hace 14 años». Su descendiente trabaja en una compañía de telecomunicaciones pero apenas alcanza la mitad con contratos de corta duración, en extensión y en horas.
Han recibido una orden de desahucio que se puede hacer efectiva el próximo martes 13 de diciembre a las 10 de la mañana. El motivo es el impago de once mensualidades tras un desacuerdo con la propiedad del piso situado en Sagasta 55-57, esquina con Mateo de Alba, en el corazón del casco antiguo de Cádiz, a la espalda de la Iglesia de San Lorenzo.
Un conflicto entre arrendador y arrendatario, en las últimas semanas de 2021, acabó por no tener solución. Pilar Loubet asegura que, por entonces, pasaron a cobrarle de 650 euros al mes, lo acordado inicialmente según ella, a 900 casi sin previo aviso. Es una cifra que no puede pagar porque supone más del 90% de los ingresos mensuales de esta familia de dos miembros. Es su versión. Falta la de la propiedad. No se entendieron y llegaron los impagos.
Ahora, en menos de dos semanas, aparece el desahucio sin ningún sitio al que ir. La particularidad del caso está, precisamente, en la imposibilidad para encontrar un nuevo alquiler para esta viuda y su nieto. «Nadie nos alquila un piso si no aportamos una fianza o un fiador que suponga 1.500 euros. Hemos visto muchísimos y nada. Es imposible bajar de esa cifra», afirma.
Entre los dos no llegan
«A esa cantidad no podemos llegar los dos, mi nieto y yo, juntando mi pensión y su sueldo». Pilar afirma que nunca ha sido una inquilina morosa, «tengo la documentación para demostrarlo» pero se siente víctima de un presunto abuso y no sabe «cómo salir de él». Parece un claro ejemplo de la denominada ‘nueva pobreza’ o del fenómeno de los ‘trabajadores pobres’, ciudadanos que no han experimentado nunca la exclusión social, ni han permanecido inactivos. Siempre han tenido ingresos fijos, regulares, pero ahora no alcanzan para obtener suministros, servicios o derechos esenciales como, en este caso, la vivienda.
Esta situación se ceba con sectores considerados hasta hace algunos años como clases medias. Además según todos los informes y estudios realizados hasta la fecha, afecta en un porcentaje muy mayoritario a los más jóvenes y a los más mayores. El caso de Pilar Loubet reúne precisamente a los dos sectores: abuela de 67 y nieto de 25 años.
Pilar critica la inacción de organismos municipales: «Procasa y Asuntos Sociales no hacen nada. Tienen toda nuestra documentación en regla desde marzo. Conocen nuestra situación y no mueven un dedo por arreglarlo. No nos dan ninguna solución. No hacen más que decirnos una y otra vez que busquemos piso. Como si nosotros no quisiéramos. Lo buscamos sin parar pero no podemos hacer frente a esas fianzas».
Esta viuda gaditana lamenta especialmente el sistema de acceso a las viviendas sociales que «deberían estar disponibles para casos como el nuestro. Sin embargo, para que optemos a uno de esos pisos sociales nos piden un precontrato de alquiler, con dos meses de antelación, con otro propietario y no tenemos forma de poder hacerlo». Esos arrendadores, añade esta afectada, solicitan unas altas fianzas, según la versión de la afectada, y el problema vuelve al punto inicial, es un círculo angustioso que siempre acaba en el mismo lugar: no pueden acceder a otro alquiler y el desahucio está anunciado para el 13 de diciembre.
Denuncian que las altas fianzas hacen imposible encontrar un nuevo alquiler y la afectada lamenta que ni Procasa ni Asuntos Sociales de Cádiz le dan más alternativa que buscar otro alquiler, pero los precios y los requisitos se lo impiden