Manosear la ley de leyes
«Sir Francis Winnington dijo con acierto en 1681 que ‘no es natural ni racional que el pueblo que nos ha enviado aquí no esté informado de nuestras acciones’; desde entonces el Parlamento es en Gran Bretaña ‘el gran inquisidor de la nación’. Que los diputados obtengan del Gobierno la información que tengan por conveniente es lo que posibilita que exista un canal de comunicación entre los gobernantes y los gobernados que justifica la democracia parlamentaria en todos los tiempos»
LOS equilibrios institucionales que requiere la Constitución de 1978 se han empobrecido en la legislatura que va a concluir, pero destaca en su deterioro una deriva parlamentaria peligrosa que puede por sí sola dañar en forma irreversible nuestra democracia.
El Gobierno suele obviar su obligación constitucional –impuesta por el artículo 111.1 de la Constitución– de responder en forma coherente y precisa las preguntas e interpelaciones sobre cuestiones de interés general que formula la oposición en las Cortes Generales. Los presidentes de las dos Cámaras prescinden de ‘llamar a la cuestión’ a los miembros del Ejecutivo y les permiten escabullirse de preguntas embarazosas con el artificio tosco de descalificar y desdeñar a los parlamentarios que interpelan o preguntan.
El pasado 22 de noviembre, por ejemplo, el líder del grupo mayoritario de la oposición pidió en el Senado –por dos veces– que el presidente del Gobierno expusiera sus intenciones sobre la abolición del delito de sedición, la rebaja de las penas por malversación de caudales públicos, o sobre si se proyecta algún castigo en el futuro para la convocatoria de referéndums ilegales. Los acontecimientos políticos posteriores han demostrado la enjundia de esas cuestiones, porque no es trivial desproteger la Constitución de las garantías penales que la deben salvaguardar en todo caso, como nos demuestra su propio artículo 102.2, cuando contempla y garantiza la existencia de la traición y demás delitos contra la seguridad del Estado.
A pesar de esta circunstancia, los medios de comunicación social más poderosos apenas reprocharon lo que resultó una ostensible falta de respuesta por parte del presidente del Gobierno. El ejemplo no es único, sino que refleja una práctica que caracteriza esta última legislatura y debe ser corregida en el futuro. La propaganda oficial ha logrado incluso desviar la atención pública y generalizar la crítica de una supuesta dureza de las interpelaciones parlamentarias (palabras tópico: ‘debate bronco’) con ignorancia inexcusable de que son el instrumento distintivo de los parlamentos democráticos.
Los británicos, maestros mundiales en la democracia parlamentaria, enseñaron en el siglo XIX que el Parlamento debe ser «el espejo de la nación» y los grupos de la minoría parlamentaria, el engranaje insustituible que representa la quintaesencia de la democracia y no elementos hostiles a los que se pueda ignorar, despreciar o descalificar. Algunos ejemplos más recientes han mostrado un exceso inquietante cuando el presidente del Congreso de los Diputados –el prestigioso ‘Speaker’ de la Cámara de los Comunes– cercenó la libertad más sagrada desde el inicio de todas las democracias parlamentarias, al privar a diputados de la oposición de la sagrada ‘freedom of speech’, que es la libertad de palabra en el seno de cualquier Parlamento.
Las Cortes Generales son, parafraseando a Emerson, la sombra alargada del pueblo español, al igual que una institución es la sombra alargada de la persona que la fundó. Todos debemos defender la dignidad de las Cortes Generales porque sin ellas se eclipsa la democracia representativa en que vivimos desde 1978.
Sabemos que en las Cortes Generales reside la soberanía nacional y el poder constituyente, que se activa cada vez que se produce un procedimiento de reforma de la Norma Fundamental, pero hay que destacar también que ostentan un poder de información indeclinable sobre todos los asuntos de interés general.
Un diputado inglés, sir Francis Winnington, dijo con acierto en 1681 que «no es natural ni racional que el pueblo que nos ha enviado aquí no esté informado de nuestras acciones»; desde entonces el Parlamento es en Gran Bretaña ‘el gran inquisidor de la nación’. Que los diputados obtengan del Gobierno la información que tengan por conveniente es lo que posibilita que exista un canal de comunicación entre los gobernantes y los gobernados que justifica la democracia parlamentaria en todos los tiempos. Es el canal que, hacia abajo y como responsabilidad política, une las Cámaras con el electorado, al que se tiene informado en forma diaria de cómo gestiona la mayoría gubernamental los asuntos de la nación; ese mismo canal conecta, hacia arriba y como participación, a los electores con su Cámara legislativa porque la crítica diaria de la acción de la mayoría, transmitida en los medios de comunicación, permite al pueblo orientar su voto el día de las elecciones generales. Si se oculta a la oposición la información que pide, e incluso se la culpabiliza de la falta de información (palabra tópico: «crispar»), se genera un parlamentarismo falso que, por su opacidad y confusión, harta a los electores y acaba alejando al pueblo de la institución clave de una democracia parlamentaria, con el riesgo cierto de hacerla desfallecer.
Sir Walter Bagehot, uno de los tratadistas más preclaros del parlamentarismo británico, destacó que los parlamentos tienen una función esencial de información que está conectada íntimamente a otra ‘función de enseñanza’. Cuando una Asamblea de hombres de relieve se sitúa en medio de una sociedad –como institución central– lo que en ella se hace, y cómo se hace, cambia y modifica esa misma sociedad. La responsabilidad de la función parlamentaria de enseñar (‘teaching function’) recae en el presidente del Gobierno. El presidente es ‘el mejor profesor de la nación’ porque como líder democrático de la mayoría parlamentaria es la persona más cualificada y la de mayor autoridad e influencia para marcar el tono de las discusiones parlamentarias y bajarlo o elevarlo a la altura que merezca la sociedad que lidera.
Sabemos que el Parlamento británico es soberano para todo lo que resulta conforme a la razón. Sir Ivor Jennings, otro de sus insignes tratadistas, subrayó que un Gobierno que tenga mayoría en el Parlamento no tiene poder para ordenar el asesinato de todos los bebés que nazcan con los ojos azules, pero no porque esa medida se encuentre fuera de sus poderes, sino porque tanto el Gobierno como la Cámara de los Comunes no solo reciben su poder del pueblo sino que están en una comunicación constante con él a través de la información diaria que reflejan los medios de comunicación social sobre el control que la oposición hace del Gobierno. La información al pueblo de lo que acontece en el Parlamento es la esencia de la democracia parlamentaria.